PARIS (AFP) - Entre un millón y 2,5 millones de franceses participaron ayer en huelgas y manifestaciones durante una jornada de protesta nacional contra la política económica del presidente Nicolas Sarkozy frente a la crisis.
Sarkozy consideró "legítima" la inquietud expresada en la calle y anunció que en febrero se reuniría con los sindicatos y la patronal para discutir sobre las reformas. "La crisis tiene una amplitud sin precedentes que afecta a la economía mundial y provoca en Francia, como en todas partes en el mundo, una inquietud legítima", estimó el presidente francés . "Esta crisis impone a los poderes públicos un deber de escucha, de diálogo y al mismo tiempo una gran determinación para actuar. En este espíritu, me reuniré en el mes de febrero con las organizaciones sindicales y patronales para consensuar un programa de reformas a aplicar en 2009 y los métodos para sacarlo adelante", prosiguió.
Entre 1.080.000 personas, según la policía, o 2.500.000 según los sindicatos, desfilaron en las 195 manifestaciones convocadas en Francia por el conjunto de los sindicatos unidos en una plataforma por la defensa del empleo, del poder adquisitivo y de los servicios públicos.
En París eran 65.000, según las cifras de la policía, y 300.000 según la CGT, la principal central sindical. Estas manifestaciones, las más importantes desde que Sarkozy fue elegido a la presidencia francesa en mayo de 2007, no crearon una situación de caos ni el "jueves negro" como vaticinaban algunas voces.
La convocatoria de huelga y manifestación respondía inicialmente a reivindicaciones salariales y de protección de los empleos de la administración pública pero de forma general denuncia la estrategia gubernamental frente a la crisis.
Contó con el respaldo de una oposición socialista convaleciente. "Hoy en día tenemos un presidente que persiste y firma pese a habernos llevado ya a la recesión con su política, antes incluso de que llegara la crisis financiera", espetó la dirigente del Partido Socialista Martine Aubry, que participó en la manifestación parisina.
Según cifras oficiales, un cuarto de los casi 5 millones de funcionarios participó en la huelga. Los empleados del sector público contaron con el apoyo de trabajadores de empresas privadas en numerosos cortejos. Los trastornos afectaron sobre todo a los ferrocarriles y a los transportes urbanos de pasajeros, pero sin llegar a los niveles anunciados gracias a una ley adoptada recientemente que instaura el servicio mínimo. Esta normativa permitió a los directivos de las compañías conocer de antemano el número de huelguistas y cumplir las previsiones de tráfico (entre 30% y 60% de los trenes). Además del transporte, el sector de la enseñanza fue uno de los que más se movilizaron, ya que al menos la mitad de sus funcionarios participaban en el paro .
