Puede que el secuestro de Leonardo Bergara, el empresario que luego de 33 días en cautiverio fue encontrado en una casa en construcción -cuyo propietario es un policía- en Berazategui después del pago de un rescate, en una playa de Pinamar, realmente haya sido un "mensaje mafioso" enviado por elementos de la Policía bonaerense al gobernador provincial Daniel Scioli, pero en tal caso descifrarlo y, lo que es más importante aún, reaccionar de tal modo que sea el último, no le será fácil. En opinión de casi todos los observadores calificados, los secuestradores estaban menos interesados en el botín -el que, se informa, fue bastante magro ya que sólo sumó 200.000 dólares y joyas- que en el impacto político de un delito presuntamente cometido por policías o ex policías deseosos de mostrar que están en condiciones de actuar con la más absoluta impunidad y que por lo tanto al gobierno local no le queda más alternativa que la de pactar con ellos. Sin embargo, si el propósito de la banda responsable fue presionar a Scioli para que diera más autonomía a la tristemente célebre Policía bonaerense, el método elegido distó de ser el mejor. Aunque por motivos evidentes le convendría a Scioli tener una buena relación con la cúpula policial de su provincia, si brinda la impresión de estar dispuesto a hacerle concesiones significantes a fin de apaciguarla, pondría en riesgo su propia autoridad. Por tratarse de un hombre con aspiraciones presidenciales, cualquier manifestación de debilidad de su parte sería estar en una situación sumamente complicada. Tanto él como el ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli, tendrán que saber diferenciar a los jefes policiales que, activa o pasivamente, podrían considerarse cómplices de los secuestradores, de los plenamente comprometidos con el imperio de la ley. En el mundo poco transparente de la Bonaerense, en que los lazos personales entre quienes ocupan puestos jerárquicos se formaron hace muchos años y los rumores que circulan acerca de la conducta de individuos determinados a menudo se deben más a la malicia que al respeto por la verdad, distinguir entre los irremediablemente corruptos por un lado y los demás por el otro no es una tarea sencilla. Si caen efectivos honestos en los intentos de depurar la Bonaerense, alejando a los malhechores, lo único que se logrará será desmoralizar a quienes entienden que a menos que la fuerza merezca la confianza de la ciudadanía será incapaz de combatir el delito con la eficacia necesaria.

Las versiones acerca del significado real del secuestro de Bergara y la voluntad aparente de los involucrados de dejar en claro que el gobierno provincial no puede garantizar un mínimo de seguridad -de ahí los "mensajes mafiosos" que según casi todos se las arreglaron para difundir- son alarmantes. Mientras que a juicio de algunos lo que está en juego es el manejo del tráfico lucrativo de drogas en distintas partes del conurbano, otros dan por descontado que lo que quieren los secuestradores es librar la Policía de la tutela civil, restaurando el statu quo que existía antes de que el ex ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, redujera drásticamente la independencia de la Bonaerense. De ser así, el secuestro tendría que resultar contraproducente, ya que a esta altura Scioli no puede batirse en retirada frente a un desafío de este tipo. Por el contrario, el gobernador ya se ha sentido obligado a reaccionar subrayando su propia firmeza, lo que hizo aseverando que "Voy a seguir adelante en la lucha contra este tipo de organizaciones. Si alguno pensó que me estaba mandando un mensaje para detener estos cambios, al contrario, voy a acelerar los cambios". Con todo, aunque dadas las circunstancias no le es dado flaquear, no puede ignorar que tal actitud acarrea muchos riesgos porque resulta poco probable que los presuntamente resueltos a frenar los cambios que tiene en mente se resignen tan fácilmente a su derrota. Así las cosas, es de temer que en las semanas próximas los grupos que, según el gobernador y otros, están procurando impedir que la Bonaerense se subordine definitivamente, como corresponde, al poder civil se las ingenien para enviarle al gobierno provincial "mensajes mafiosos" aún más contundentes que el supuesto por el secuestro de un empresario.