WASHINGTON.- El 68 por ciento de los estadounidenses aprueba, de momento, la gestión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en los primeros días de su mandato, según un sondeo.

Los datos recabados por Gallup indican que el porcentaje de aprobación que obtuvo Obama se sitúa en lo alto de la serie elaborado por esta firma para los últimos ocho presidentes que llegaron a la Casa Blanca, pero también revelan que es inferior al 72 por ciento logrado por John F. Kennedy en 1961. Kennedy cosechó estas tasas después de tres semanas al frente de su Gobierno, mientras que la encuesta sobre Obama únicamente recoge tres días (del 21 al 23 de enero).

A Kennedy le siguen Dwight Eisenhower, también con un 68 por ciento de aprobación y Jimmy Carter, con un 66 por ciento. Por su parte, Richard Nixon obtuvo un 59 por ciento, Ronald Reagan y George H. W. Bush, cada uno un 51 por ciento, Clinton un 58 por ciento, y el último presidente, George W. Bush, un 57 por ciento. La encuesta también revela que únicamente el 12 por ciento desaprueba la gestión Obama

Guantánamo

Pero no todas son rosas. Barack Obama ordenó el jueves el cierre de la cárcel Guantánamo y el fin de los tribunales de excepción, lo que quedará como un símbolo de ruptura con la era Bush, apenas asumida la presidencia de Estados Unidos, pero el recorrido para lograrlo aún está lleno de emboscadas.

Unos 245 detenidos permanecen todavía en el centro de detención y Obama se otorgó seis meses para tomar una decisión sobre la suerte de cada uno de ellos.

Un examen meticuloso de los motivos de su detención será realizado por un grupo de trabajo copresidido por el departamento de Justicia y el Pentágono e integrado, entre otros, por los servicios de inteligencia, que conducirá a la liberación y al traslado de prisioneros a quienes los estadounidenses no tienen nada que recriminar.

El grupo de trabajo decidirá luego sobre eventuales procesamientos para los que queden. Una tercera categoría de presos debería entonces emerger: aquéllos considerados como demasiado peligrosos como para ser transferidos, pero contra quienes el gobierno no tiene suficientes pruebas, o únicamente confesiones obtenidas en interrogatorios, que son inutilizables. Para éstos, el grupo de trabajo tendrá que hallar qué "métodos jurídicos" permitirían mantenerlos bajo arresto. (AFP)