Impensadamente, la gestión de Cristina Kirchner quedó sellada a fuego, a sólo tres meses de su asunción, por el enfrentamiento con el campo. En marzo del año pasado, Martín Lousteau, un joven y supuestamente promisorio ministro de Economía, anunciaba un fuerte aumento en las retenciones agropecuarias y defendía la medida sobre la hipótesis de que debía frenarse el enriquecimiento de los ricos para repartir algo más a los pobres.

Como todas las decisiones que toma el kirchnerismo, no hubo consultas, análisis, estudios, gráficos, proyecciones sobre las causas y consecuencias que generaría tamaña decisión, que alumbró cuando las entidades agropecuarias ya habían anunciado un paro.

Lo que ocurrió a partir de ese momento ya está escrito en las páginas de la historia del país: el mayor lock out de productores del campo se verificó y se extendió hasta casi la mitad del año. En el medio hubo idas y vueltas de la presidenta, marchas y contramarchas, interminables actos en los que multitudes supuestamente respaldaban el golpe al corazón que la primera mandataria había dado al factor económico que tradicionalmente aporta mayor cantidad de divisas al país y, por ende, al propio Estado.

Se advirtió con creciente preocupación una suerte de miopía que exhibía la primera mandataria, uno de cuyos ejemplos emblemáticos fue cuando intentó convencer a los ciudadanos argentinos de que la soja, ese grano que estaba haciendo millonarios a los hombres del campo y que ya generaba efectos de multiplicación y derrame de esa riqueza, no era más que un "yuyo" que crecía sin el menor esfuerzo de quienes lo sembraban y que sólo servía para abonar la codicia de unos pocos dueños de tierras.

Tal vez ésa fue una primera señal de preocupación para los analistas de la historia política del país. Mientras en el ámbito estrictamente partidario no se emitían ni las más tenues señales de cumplir con la promesa electoral de la concertación, el gobierno declaraba una virtual guerra económica nada menos que al campo.

Desde entonces corrió mucha agua bajo el puente, pero la situación no varió ni un ápice. Entre tanto estalló la crisis global y la presidenta Kirchner admitió la posibilidad de que provocara coletazos sobre la economía nacional, ya con síntomas de menor crecimiento, y se lanzó a un maratón de anuncios para supuestamente beneficiar el consumo y evitar la caída en las ventas y, por ende, la recesión.

Sólo que al parecer no se tuvo en cuenta que para mantener el estándar de compras también debía sostenerse el poder adquisitivo de los trabajadores.

Después de las negociaciones paritarias cuyos incrementos no alcanzaron para recuperar lo perdido con la inflación real, la CGT se prepara para reclamar nuevas reuniones porque los sueldos quedaron por el piso. Mientras tanto, la administración nacional comenzó a autorizar reajustes en las tarifas de servicios públicos, no sólo sin recurrir a la obligatoriedad de realizar audiencias públicas como lo establece la ley sino además sin controlar o contener el porcentaje de crecimiento de los valores impuestos por las respectivas compañías.

Así fue como el 2009 asomó doloroso para la población, pero también preocupante para el grupo político en el gobierno. Todos esos desaciertos, se sabe por experiencia, se pagan en las urnas, y hoy el ex presidente Néstor Kirchner se desvela tratando de captar a toda costa conciencias favorables para asegurarse un piso adecuado en los próximos comicios.

La presidenta, en tanto, sigue cumpliendo el papel de portadora de supuestas buenas noticias: a los planes de compra de automóviles y los canjes de heladeras y bicicletas, de muy dudosa efectividad, sumará esta semana el anuncio de que también se podrán cambiar calefones y cocinas viejas por otras más nuevas, para alegría de los fabricantes de electrodomésticos.

Pero no sólo para ese segmento de la economía la primera mandataria tiene planes sino que también volverá sobre el campo. A la crisis que comenzó con las retenciones y siguió con la caída de ventas al mundo, se sumó una histórica sequía que lleva meses sin que en la Casa Rosada se tomara registro de ello.

Tarde, como ya es característica de esta administración, se decidió una reunión para mañana de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria cuyas deliberaciones sellará la propia Cristina Kirchner anunciando probablemente la declaración de la emergencia nacional por la sequía.

Varió su postura ya exhibida con gobernadores afines, como Daniel Scioli, cuando le dijo que abortara su intención de declarar la emergencia en su provincia. El campo, pensaría la presidenta, tiene que seguir sufriendo por haberla desafiado. Pero ahora querrá ser ella quien capitalice el impacto del anuncio.

En vez de dar vía libre a cada gobernador para que realice la declaración de emergencia o desastre, según el grado de mala fortuna que haya tenido su territorio, dispuso que se estudie la forma de que sea el gobierno nacional el que aparezca tendiéndole finalmente la mano al campo, como Cristo, poniendo la otra mejilla.

CARMEN COIRO

DyN