El llamado Plan Integral de Seguridad de la provincia del Neuquén fue puesto en marcha formalmente mediante el decreto 2090 del 10 de setiembre del año 2004, firmado por el gobernador Jorge Sobisch y refrendado por los ministros Luis Manganaro, de Seguridad y Trabajo, y Claudio Silvestrini, de Economía y Finanzas. El contrato mayor, con la empresa Damovo S.A., fue rescindido en noviembre último por el gobierno de Jorge Sapag, pero quedó vigente su vicio principal: el secreto.

El artículo 1º del decreto 2090 aprueba "el Plan Integral de Seguridad para la Provincia del Neuquén, de carácter trianual (¿?), cuyo contenido obra en el expediente 3200-000759/2004 del registro del ministerio de Seguridad y Trabajo". La norma establece que el expediente tendrá carácter "reservado" (un eufemismo que aligera la gravedad de la palabra "secreto"), "conforme lo prevé el artículo 142 de la ley 1284, como así también aquellas contrataciones que se consideren críticas en función de la reserva establecida".

El secreto, que ya se acerca a los cinco años de vigencia porque el gobierno actual lo convalidó, genera toda clase de sospechas porque, primero, no se trata de la compra de una resma de papel sino de un plan -que incluyó la digitalización de las comunicaciones policiales (sistema Tetra), dos helicópteros y 200 patrulleros- presupuestado entonces en unos 150 millones de pesos y, segundo, porque para elegir a los proveedores se optó por la contratación directa, eludiendo la licitación pública.

Se trate tanto de la justificación del secreto como del contrato directo, el gobierno -en este como en muchos otros casos- tomó como norma general lo que en realidad son excepciones.

La ley 1284, que establece el procedimiento que debe regir en toda la actividad administrativa estatal provincial, señala en su artículo 3º, titulado "principios", inciso a), que el principio de legalidad debe asegurar "la publicidad de las actuaciones".

El capítulo que incluye al artículo citado, el 142, está titulado "publicidad", y comienza por el 141, que fija el "principio" a seguir para "el leal conocimiento de las actuaciones". El artículo 142 lleva el título "excepción" y dice que "las actuaciones podrán ser declaradas secretas, reservadas o confidenciales sólo cuando esté comprometido el interés público..." (En el caso, el interés público es la publicidad). Y a continuación fija los recaudos que deben contemplarse para esa declaración: la decisión debe ser fundada y basada en un dictamen jurídico previo. Y, finalmente, sólo tendrá efectos hasta que recaiga resolución definitiva (la que se habría producido cuando se puso fin al contrato con la principal adjudicataria, Damovo S.A.)

Al parecer, tanto en este caso como en el de la licitación pública, los dos gobiernos parecen creer que se puede invertir el principio, haciendo de la excepción la norma, o bien que se puede elegir a gusto el procedimiento a adoptar.

Sospechas e irregularidades

Tanto la omisión de licitación pública como el secreto impuesto a los contratos obedecen a la necesidad de ocultar algo. El ministerio, cuando todavía Manganaro era su titular, ensayó una explicación, como fue la de que todo lo concerniente a la seguridad debía mantenerse en secreto, para no dar ventajas a los delincuentes. Pero ha sucedido que, o bien los delincuentes se enteraron, o bien el Tetra -que todavía no cubre toda la ciudad capital ni tampoco amplias zonas del sur y el norte del territorio provincial- no puede contra el crecimiento numérico de la delincuencia y sus nuevas técnicas, tales como las llamadas "salideras" y las aplicadas a los cajeros automáticos (sin contar otro tipo de delincuencia, de "guante blanco").

Como quiera que haya sido, hoy ya se sabe todo del Tetra, y lo que no se sabe se puede leer en Internet. De modo que no hay razones valederas como para que continúe vigente el secreto. Pero sí las habría, no tan valederas, si el propósito es ocultar detalles de las -por dar una calificación indulgente- irregularidades que impregnaron todo el proceso, muchas de ellas ya publicadas en este diario a las que el gobierno no ha opuesto la desmentida sino el silencio.

Es por lo menos irregular, cuando no un flagrante abuso de poder, que la autoridad oculte, con argumentos tan insuficientes como inconvincentes, información sobre un gasto de semejante magnitud, equivalente a un ocho por ciento del presupuesto provincial del año en que se aprobó el plan. Lo es igualmente que, de pronto, la empresa Damovo aparezca relacionada con otro caso escandaloso, el protagonizado por la empresa Temux, al depositar cerca de doce millones de pesos en cuentas corrientes de firmas del grupo abiertas en la sucursal Buenos Aires del BPN. Tampoco estaría de más una explicación respecto de la sorpresiva aparición de tres empresas -Impoconsultora, Allcont e Instalaciones y Servicios- subcontratadas por Damovo, que habrían recibido pagos cuyo destino final no fue posible establecer. "Río Negro" se valió de las direcciones y teléfonos que figuraban en los "subcontratos" para tratar de ubicar a esas subcontratistas, pero ninguna de ellas, ni sus responsables, estaban ni eran conocidas en los domicilios declarados.

Por sus responsabilidades actuales y porque fue parte del gobierno anterior, el gobernador Sapag debería dar explicaciones de los motivos por los cuales un contrato ya fenecido debe continuar siendo secreto. Hace poco más de un año, en diciembre de 2007, el ministro de Seguridad, César Pérez, declaró que "todavía" no se podía decir por qué se eligió a Damovo. "Eso todavía no podemos difundirlo", alegó, porque "no ha sido derogada la norma que establece que es secreto". Y concluyó en que "sería imprudente de mi parte decir los fundamentos en este momento". O sea que habría sido imprudente la publicidad cuando, hace más de cuatro años, se eligió a la empresa en cuestión, lo siguió siendo a fines del 2007, y continúa siendo imprudente ahora. Estamos, qué duda cabe, ante un gobierno prudente.