La matriz económica de la provincia de Río Negro tiene una fuerte ligazón con la actividad frutícola.

No casualmente, el 80% de las exportaciones del primer semestre del año pasado correspondió a ese sector. Y a ese valor se llega considerando sólo la venta al exterior de manzanas, peras y los jugos industriales de ambas.

El dato más notorio, no obstante, fue en el 2008 el incremento de las exportaciones de peras, que capitalizaron en el primer semestre el 48% del total de las ventas de la provincia al exterior consideradas por su valor en dólares.

El formidable incremento de los precios internacionales determinó que la venta de peras -que creció en cantidades reales en un 1%- mejorara en un 21% su rendimiento, permitiendo el ingreso de casi 200 millones de dólares a la economía provincial, según cifras proporcionadas por la Dirección de Estadística y Censos de Río Negro.

La dinámica de la economía global ha modificado drásticamente el panorama: los precios de los productos agrícolas y otros primarios han caído en forma notoria. La crisis ha deprimido los mercados e inmensos sectores de población mundial se han hundido en la miseria o se teme que lo harán en los próximos meses.

En Río Negro, en tanto, un conflicto salarial tiene paralizados la cosecha, el empaque y la exportación de la fruta que originó la mitad de las exportaciones del año anterior.

El tema asombra. Sobre todo porque marca la reiteración de una problemática tan repetida como difícil: a casi cien años del inicio de la actividad frutícola en la región y a 50 de haberse convertido en uno de los pilares de la economía regional, las partes integrantes del negocio no han logrado todavía establecer mecanismos permanentes de diálogo que puedan evitar el sobresalto de discutir salarios con la presión de los tiempos biológicos de la maduración de la fruta y con los barcos gastando un dineral por esperar en la rada del puerto.

Sólo una cosa asombra más: que el gobierno de la provincia haya pretendido hasta esta semana mantenerse distante del conflicto. Como si en nada le afectara al Estado provincial la suerte de una actividad generadora de decenas de miles de empleos y multiplicadora de innumerables actividades comerciales, industriales y de servicios.

La parálisis provocada por la huelga y las pérdidas generadas por la imposibilidad de cosechar la mitad de la producción de pera William´s se notarán no sólo en la recaudación de impuestos provinciales, sino también en el seguro incremento del desempleo y la pobreza.

Si bien la competencia en materia de conflictos laborales corresponde técnicamente a la Nación, llama la atención que el gobierno provincial se haya limitado -hasta hace unos días- a observar desde fuera la marcha del entredicho, aun cuando éste se expresaba con severos trastornos en rutas interprovinciales.

La única expresión pública oficial no fue demasiado feliz: la sugerente denuncia del ministro Accatino respecto de un improbable pacto gremial-exportador no aportó ningún elemento en favor de una solución.

Las negociaciones salariales -se sabe- no son discusiones entre iguales. Pero la vehemencia que es esperable en la dirigencia gremial ha colmado -en el caso del Sindicato de Obreros y Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén- los límites de la prudencia, al no respetar ni siquiera las normas mínimas que han sido establecidas por ley en defensa -precisamente- de los sectores del trabajo.

No es la primera vez que una actividad tendiente a lograr una mejora para un sector termina amenazando la propia supervivencia del conjunto.

Por su naturaleza, el reclamo no puede vincularse con la avaricia de quien -en la fábula tradicional- mató la gallina de los huevos de oro. La actitud del gremio del empaque parece más el deseo de pedir un incremento importante, previendo que la crisis pueda ser tan grave como la pintan los peores pronósticos.

El punto es que, al estilo de las profecías autocumplidas, el propio gremio está generando una crisis queriendo prevenirse de otra.

Aun cuando en las próximas horas el gremio del empaque acceda a aceptar el tardío arbitraje de Nación, ya nadie duda de que las cosas han llegado a un punto del que no se saldrá sin un saldo de pérdidas importantísimo para la actividad. Daño que resultará -no ya de una crisis externa o de un imponderable climático- de la incapacidad de las partes involucradas para establecer una negociación oportuna y prudente en beneficio de todos.

El actual panorama sugiere también el fracaso estruendoso del gobierno rionegrino, que ni siquiera buscó conducir políticamente un conflicto que atraviesa gran parte del sustento económico de la provincia.

El sector empresarial del empaque y la exportación no parecen ser los principales perjudicados por la mora de las partes en hallar una solución. A lo sumo, ese segmento logrará menores beneficios, pero habrá tenido -también- menores costos laborales, de energía, de insumos y de servicios.

Es en las chacras -sobre todo de aquellos productores no integrados a los grandes grupos- donde se muestran los peores perjuicios, que afectarán por efecto rebote a los trabajadores rurales, puesto que en su mayoría son jornalizados, y a los de frigoríficos, que verán reducida su propia actividad.

El productor afrontó ya la mayoría de los costos que demanda un cultivo: podó, abonó, regó, pagó sueldos, combustibles y prevención de heladas. Si no puede cosechar a tiempo, ¿quién podrá compensar sus pérdidas?, ¿qué derecho ajeno puede estar por encima del suyo, de obtener los frutos de su producción?

La fruticultura no es una timba ni un juego de azar. Y, si bien queda muchas veces sometida a la alerta de heladas o granizo, no parece razonable aumentar la incertidumbre por causas humanas, externas e inmanejables para quien genera la inversión, el esfuerzo de un año y, en suma, el bien que se traducirá en dinero para todos si llega sano y a tiempo a los mercados de ultramar.

Como suele suceder, serán los eslabones más débiles de la cadena de producción los que resulten más lastimados de todo este proceso, aun cuando varios de ellos ni siquiera han sido parte ni han podido hacer oír su voz en las mesas institucionales de negociación paritaria.

En cuanto al gobernador rionegrino, Miguel Saiz, difícilmente pueda capitalizar su silencio y su ausencia en tan grave crisis como tabla de salvación de costos políticos.

Su actitud no es la que se espera de un gobernante.

Sobre todo de uno que, por ser del Alto Valle, conoce muy bien el efecto devastador que produce en el entramado social todo problema de rentabilidad de la actividad frutícola en su conjunto.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar