BUENOS AIRES.- El gobierno de Bolivia nacionalizó ayer por decreto la tenencia accionaria de Amoco Bolivia Oil & Gas AB, una subsidiaria de Pan American Energy LLC (PAE, con participación de capitales argentinos del grupo Bridas), en la Empresa Petrolera Chaco SA, y la estatal YPFB se hizo cargo del control de la compañía.

La incógnita es saber cómo reaccionará el gobierno de Cristina Fernández, que en los últimos meses tuvo que lidiar con una situación similar con la nacionalización de la metalúrgica Sidor -bajo el control de Techint- en Venezuela.

La decisión en Bolivia fue adoptada a dos días de realizarse el referendo sobre el proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado boliviano (de orientación socialista), mediante el Decreto Supremo 28.887 y su aclaratorio 28.888 e implica al 50% del paquete accionario de Chaco SA.

Ante la medida consumada por Evo Morales, la petrolera afirmó que "no obstante el nuevo Decreto Supremo emitido ayer, PAE ratifica su voluntad de mantener los esfuerzos que permitan alinear sus intereses legítimos -que defenderá en todas las instancias- con los objetivos e intereses de la República de Bolivia".

Chaco SA realiza exploración y explotación de petróleo y administra una compañía eléctrica y una planta distribuidora de gas natural y de gas licuado de petróleo.

Cabe consignar que cuando el gobierno boliviano activó la nacionalización de hidrocarburos, en el 2006, YPFB tomó el control de las acciones de Chaco SA entonces en manos de las Administradoras de Fondos de Pensión, equivalentes a poco más de 49% del total.

Chaco SA opera en Bolivia desde 1997, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada privatizó los activos de YPFB. En etapas posteriores el gobierno de Evo Morales encaró conversaciones con PAE para que YPFB llegara a detentar el 50% más 1 acción, y con ello ejercer el control sobre petrolera Chaco. En mayo del 2008, y mediante el decreto 29.541, el gobierno estableció que la accionista privada debía endosar las acciones necesarias a tal fin y fijó un precio de 4,8 millones de dólares. Además de esta cuestión la parte privada procuraba sondear formas asociativas que le permitieran operar la compañía pero, a la luz de los resultados, no fue posible acordar.

Ello a pesar de que cuando Bolivia asumió nuevos compromisos de exportación de gas a la Argentina, Chaco SA respondió aumentando su producción y se adjudicó los mayores volúmenes de colocación del insumo al país importador. El decreto conocido ayer instruye pagar por las acciones remanentes de Chaco SA a razón de 29 dólares cada una, por lo cual podría iniciarse ahora un arduo proceso de discusión acerca del precio que pretende por esta suerte de expropiación.

Desde el inicio de la nacionalización de los hidrocarburos el gobierno boliviano definió con las petroleras privadas instaladas en el país políticas de: asociación con control (fue el caso de Andina, controlada por Repsol YPF), de compra (acuerdo con Petrobras por dos refinadoras) y de expropiación (en el caso de la transportadora Transredes). (DyN)