El flamante presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reivindicó la transparencia de los actos de gobierno en su primera jornada de trabajo. Un diario de Buenos Aires, "Clarín", informó el jueves que Obama ordenó a sus funcionarios "no guardar secretos a menos que se trate de un tema relacionado con la seguridad nacional". Otro, "La Nación", publicó que se refirió a Washington, sede del gobierno, diciendo que "por mucho tiempo esta ciudad tuvo demasiados secretos". En algo se parece a Neuquén.

En Neuquén el artículo 25, constitucional, ratificado por la convención constituyente del 2006, dice desde hace más de 50 años que "no será trabado el libre acceso a las fuentes de información". Sin embargo, el "libre acceso" no sólo es trabado sino que está totalmente vedado en todos aquellos casos en que al gobierno no le conviene que la información en cuestión se haga pública. Entonces, lo que sí está trabado es la disposición de los funcionarios -incluidos los de la Justicia- a dar información.

Cuando, como generalmente ocurre, la tendencia es a no hablar del asunto; el motivo que suele darse para ocultar la información es que el artículo constitucional no ha sido reglamentado. Esto es verdad: el Movimiento Popular Neuquino nunca ha mostrado la menor intención de reglamentar esa norma y ha bloqueado las iniciativas en tal sentido de diputados opositores y periodistas. Pero el secreto tampoco ha sido reglamentado por norma alguna y, por supuesto, no está protegido por la Constitución, pero el gobernador puede ordenarlo cuando se le da la gana.

A veces no es siquiera el gobernador quien lo dispone. A fines del año pasado, el ministro de Seguridad, César Pérez, dijo que el secreto que protege de miradas indiscretas los 24 biblioratos que, cerrados con llave y candado, guardan la información sobre cuándo y cómo se gastaron los 50 millones de dólares del Plan de Seguridad "todavía" continuará. No se sabe hasta cuándo.

La Constitución y las leyes de la provincia exhiben solemnes normas a favor de la publicidad de los actos del poder. El artículo 62 de la Constitución establece que los procedimientos judiciales serán públicos, pero el juez que lleva el caso Temux, Marcelo Muñoz, se molesta cada vez que se publica algo relativo a la instrucción. El 185 obliga a todas las oficinas públicas a dar las informaciones que los legisladores provinciales pidan. Pero no lo hacen.

La ley 2.141 de administración financiera dice que todo contrato se hará por licitación pública, pero el cumplimiento de esa norma está sujeto al puro arbitrio del gobernador. No sólo los contratos que por su monto son de magnitud, y por lo tanto pueden despertar la apetencia de funcionarios adictos al enriquecimiento rápido, sino aquellos de locación de servicios que muchas veces contienen una cláusula de "confidencialidad" que impone al contratado la obligación de guardar el secreto de lo que hace o deja de hacer.

La ley 1.284 de Procedimiento Administrativo asegura (artículo 3º) "la publicidad de las actuaciones". Tampoco se cumple. Es que existe, en el poder, una cultura del secreto que incluye desde el ordenanza hasta el gobernador. Las más de las veces, la mirada desconfiada del empleado público hacia quien pide un expediente es un sinsentido, porque no hay nada que ocultar. Pero a veces sí, como pasa con los biblioratos del Plan de Seguridad que Pérez tiene en su oficina.

Como el Estado argentino se asienta sobre un sistema presidencialista, el poder llamado Ejecutivo (que también tiene funciones judiciales y legislativas) sobresale por encima de los otros dos. El fenómeno se acentúa si el partido mayoritario tiene mayoría absoluta en el Congreso. Lo mismo pasa en provincias y más aún en Neuquén, donde viene gobernando el mismo partido desde 1963.

De lo que resulta que un poder enorme recae sobre una sola persona, en cuyas manos queda no sólo el poder que la Constitución le asigna sino el que, de hecho, proviene de la mayoría alcanzada por el partido que lidera. De modo que puede tener a sus pies a los otros dos poderes. Y eso es lo que ha sucedido en Neuquén.

En tales circunstancias del uso al abuso de la autoridad hay una distancia muy corta, apenas perceptible y que se puede disimular fácilmente. Es lo que pasa con la publicidad y el secreto. Es, se dirá, un principio del sistema republicano el de la publicidad. Pero no es difícil, sobre todo cuando la Justicia se niega a sí misma, buscar la trampa para que otro principio, el del secreto, sea el que triunfe. En ese punto estamos "todavía", como dijo Pérez.

Pensándolo bien, vale más que todo cuanto escribí hasta ahora en esta entrega lo que, en una parte de su primer discurso presidencial, dijo Barack Obama: "Y a los que manejamos el dinero público se nos pedirán cuentas para gastar con sabiduría, cambiar los malos hábitos y hacer nuestro trabajo a la luz del día, porque sólo entonces podremos restablecer la confianza vital entre un pueblo y su gobierno".

JORGE GADANO

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