La prórroga sobre la conciliación obligatoria (ley 14.786) dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, es una burla para los actores del sistema frutícola regional.

El gremio de la Fruta nunca acató la primera conciliación. Y desde el Estado nacional nada se hizo para intentar encauzar esta actitud.

En las actuales circunstancias, esta prórroga nada aporta a la solución del conflicto. Al no estar la decisión política para cambiar el desarrollo de los acontecimientos, la situación seguirá en estos diez días sin cambios de fondo.

No es una cuestión de "mano dura" o "mano blanda"; se debe cumplir con la ley y ése es el rol que tiene sobre sus espaldas todo gobierno democrático.

Una sociedad que ve que su Estado no cumple con lo que dictaminan sus leyes, tiende a disgregarse y a actuar en forma anárquica. Algo de esto ya está pasando en la región. La violencia está a un paso del estrangulamiento económico que está sufriendo la actividad.

La conciliación, cuyo actor central es la Nación, tiene como objetivo acortar la distancia entre las partes llevándolas a actuar dentro del marco de la ley. Puesto en marcha este mecanismo y mientras dure el mismo, las empresas están obligadas a no despedir ni sancionar a los trabajadores.

Por su parte, el gremio tiene la obligación de levantar las medidas de fuerza y sentarse a dialogar. Nada de esto último se hizo.

El artículo 13 de esta ley detalla que "la concurrencia ante la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo) será obligatoria y la incomparecencia injustificada será sancionada de conformidad con lo previsto por el decreto 21.877/44 que establece importantes multas, la ilegalidad de las huelgas y hasta la pérdida de la personería jurídica. El Ministerio de Trabajo ni siquiera tomó nota de la inconducta del gremio.

La ausencia del Estado nacional no hace más que legitimar este tipo de arbitrariedades.

JAVIER LOJO
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