EL BOLSÓN (AEB)- Se trata de la principal entidad cooperativa de la región, que tiene 3.500 asociados y maneja un presupuesto anual de 22 millones de pesos.
En mayo pasado, una asamblea descabezó la cúpula de la dirigencia y ahora los destituidos Jorge Caprano (ex presidente) y Amílcar Andreassi (ex titular de la Fundación Cooperar), anticiparon que "la alternativa más factible es la intervención de Coopetel por parte de la justicia federal, el desplazamiento de todo el consejo y la sindicatura; un período de investigación interna y un llamado a asamblea para la renovación total del consejo y síndicos. Esto puede ocurrir en febrero después del mes de feria judicial porque el expediente ya está en Bariloche", resumieron.
Asimismo, se preguntaron: "Si esto ocurre y los que usurparon la conducción se postulan para consejeros y no son electos, ¿quién se hace responsable de todo esto?; ¿qué pasa con las resoluciones que tomaron?; ¿qué pasa con los compromisos asumidos?; ¿qué pasa con el dinero que cobraron como remuneraciones?; ¿qué pasa con el atraso en los proyectos aprobados por los asociados?; ¿que se debería hacer con estas personas?".
A criterio de los referentes desplazados, "está confirmado que el expediente solicitando la nulidad de todo lo actuado en la asamblea del 17 de mayo -iniciado en el INAES (máximo ente regulador de cooperativas y mutuales en Argentina), según la ley de cooperativas 20.337-, fue derivado a la Justicia federal para su ejecución".
No obstante, aclaran que "si bien no sabemos cuál es la resolución final del ente, se sobreentiende que de no haberle dado curso a nuestro reclamo, nos lo hubieran comunicado y el expediente no hubiera salido del INAES".
Según Caprano y Andreassi, "la asamblea ilegal del 17 de mayo marcó para Coopetel, los asociados y nosotros (seis consejeros ilegalmente destituidos), una triste jornada realizada por un pequeño grupo de asociados que, confundiendo a otros pocos incautos, desató odios, mentiras fraguadas, egoísmo y autoritarismo que han puesto en grave riesgo a la cooperativa".
Puntualizan sobre la nueva gestión que "los socios ya no tenemos promociones telefónicas; no tenemos descuentos en las farmacias de la localidad; se aumento al doble el abono fijo de internet y hasta se aumentó un par de veces el precio del gas en porcentajes superiores a los del costo de vida real".
Reconocimiento de deuda
Denuncian además que "se habría firmado un convenio con una empresa de telefonía celular -en contra de las decisiones tomadas por unanimidad por el consejo legalmente elegido-, en cuyo marco habría un reconocimiento de deuda por 850.000 pesos, monto que se reclamaba como compensación de años sin convenios vigentes y dentro del marco legal por una justa compensación al denominado CPP (el que habla paga)".
Dicho acuerdo "pone en grave riesgo el futuro de los servicios que la cooperativa presta y los compromisos crediticios asumidos para mantener las necesidades de servicios. Condenarán a la cooperativa a detener las inversiones que castigarán principalmente al asociado, privándolo del acceso a nuevas tecnologías, mejores y más servicios".
Incluyen también "a los nuevos solicitantes a esperar y le abren las puertas a competidores foráneos con objetivos y principios muy alejados a los de una cooperativa local".
Grafican al respecto que "una pequeña prueba fue lo acontecido el 31 de diciembre, cuando por un corte en la energía eléctrica la fuente de reserva duró sólo una hora y media, dejando a todo el pueblo sin telefonía ni internet. Todo porque no se invirtió durante el año en la compra ya decidida anteriormente de nuevas baterías".
