VIEDMA (AV).- El Ipross convocará a licitación pública en febrero o marzo para la prestación de diagnóstico y cirugía vascular. Pero esa definición no cambiará la actual realidad, que concentra esas prácticas en un único prestador provincial obligando a pacientes de toda la provincia a viajar.
Frente a la concentración histórica de la Fundación, las entidades médicas plantearon que esa atención se debía descentralizar o regionalizar. El Ipross -invocando argumentos de expertos en gestión clínica y sanitaria- expresó que "dispersar estos servicios con el afán de satisfacer a intereses locales y profesionales tiene un elevado costo en mortalidad que sólo la opacidad puede ocultar". Dos centros médicos expresaron su pretensión: la propia Fundación y la roquense Juan XXIII.
Este servicio actualmente se concentra en la Fundación de Río Negro y Neuquén, a partir de un controvertido convenio concretado hace más de 15 años y luego renovado.
Este acuerdo prestacional vence en junio y la conducción del Ipross determinó una licitación, con un plazo de dos años y la posibilidad de una prórroga por otro año. El monto base -según el borrador- será de 1,81 pesos por afiliado, arrojando un costo de 250 mil pesos mensuales. Representa tres millones de pesos anuales.
En realidad, el Ipross desembolsa casi 15 millones anuales por tratamientos de alta complejidad. Un alto porcentaje se concentra en la relación contractual con la Fundación. El año pasado, ese centro privado facturaba unos 650 mil pesos por mes por esos servicios y otros 700 mil pesos pertenecían a derivaciones que el Ipross abona fuera de la provincia. Este primer proceso incluirá a parte de estas prestaciones mientras que el resto quedará para otros llamados licitatorios.
Las prácticas ahora requeridas se centran en angioplastias coronarias, ravascularización miocárdica quirúrgica y cateterismo diagnósticos.
Hace 15 años atrás, el gobierno de Horacio Massaccesi aprobó un convenio de exclusividad del Ipross con la Fundación que abonaba con prácticas médicas una deuda con el BPRN por un crédito que -según la estimación de la gerencia general- superó los 58 millones de dólares, pactados en pesos y en dólares. El contrato tenía un plazo de 10 años pero, después, fue renovado.
La evaluación técnica del Ipross expresa que "la doble relación de agencia que tienen los médicos/prestadores (son oferta y demanda a la vez) acentúa los fallos del mercado sanitario". Reivindica una fuerte regulación que "debe estar regida por criterios de eficacia, eficiencia y calidad respetando la regla de rescate. Los resultados en salud se miden por resultados sanitarios, no sólo por costo. La calidad es clave porque afecta negativamente a resultados en salud sino que además representa un 30 por ciento de mayor costo oculto".
El informe propone un Comité Evaluador de la licitación integrado por "un experto nacional en cigurías cardiovasculares, uno en evaluación de calidad de servicios sanitarios, otro en procesos licitatorios, un representante de la Comisión de Seguimiento de Legislatura, y la junta de Administración completa", que conduce Alcides Pinazo.
