WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comenzó ayer a cumplir una de sus principales promesas de campaña al ordenar el cierre de la prisión en la base militar de Guantánamo antes de un año, además de tomar otras medidas para evitar que se torture a detenidos.
Obama explicó que a partir de ahora se pondrá en marcha un proceso para "disponer apropiadamente" de los aproximadamente 245 presos que aún están en la base.
El presidente estadounidense ordenó además que se aplique la Convención de Ginebra a todos los detenidos en Guantánamo, que se permita el acceso a la prisión a la Cruz Roja. Al mismo tiempo, obligó a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) a cerrar todos sus centros de detención.
Obama revocó además específicamente varias decisiones de su antecesor, George W. Bush. El nuevo presidente anuló la orden ejecutiva firmada por Bush en la que se reinterpreta el artículo 3 de la Convención de Ginebra sobre la tortura, y prohibió que se siga cualquier orden o interpretación legal emitida por el Departamento de Justicia o cualquier otra agencia gubernamental a partir del 11 de setiembre del 2001.
Sin embargo, por el momento Obama no eliminó las comisiones militares creadas bajo la administración Bush para juzgar a los detenidos, e incluso aseguró que no descarta su utilización.
En el acto de la rúbrica en el Despacho Oval, Obama estuvo rodeado por numerosos militares y ex militares que denunciaron en su día los métodos usados en Guantánamo. Y al presentar sus primeras decisiones de peso desde que el martes asumió la presidencia, Obama resaltó el "cambio" en la postura del gobierno.
"El mensaje que queremos enviar al mundo es que Estados Unidos tiene la intención de continuar la batalla contra la violencia y el terrorismo", pero que lo hará "de una manera consistente" con sus valores" e "ideales". "Nuestros ideales son los que nos dan la fuerza y altura moral", agregó.
"Pretendemos ganar esta lucha, y vamos a ganarla en nuestros términos", sentenció.
Human Rights Watch, una de los principales organizaciones de defensa de los derechos humanos, acogió con cautela el anunció. Jennifer Daskal, experta en contraterrorismo de la organización, aseguró a la agencia dpa que como "primer paso" es positivo, pero que aún quedan muchas incógnitas por resolver.
