NEUQUÉN (AN).- El gremio judicial Sejun anticipó ayer que este año buscará que la Legislatura, con el apuntalamiento del gobierno provincial, apruebe su proyecto de ley de convenio colectivo de trabajo para el Poder Judicial.

De aprobarse, sería una iniciativa con un sólo precedente en el país, se trata de Santa Cruz, que el año pasado reglamentó una ley similar para el sector judicial.

El secretario gremial, Rafael Rubio, dijo que la norma y la cuestión salarial serán los primeros debates que tratará de instalar el sindicato cuando la Legislatura retome a pleno su actividad. "Creemos que con la renovación del TSJ hay condiciones para discutir le ley de convenios colectivos que ya presentamos", dijo Rubio.

El gremio considera que "sería una herramienta para reglamentar las relaciones laborales dentro de la Justicia, pero también para terminar con las designaciones que exaltan el amiguismo como forma de acceder a un puesto de trabajo".

En este sentido, parte de la lucha que los judiciales intentarán dar en 2009 es la de fijar las reglas para transparentar el acceso a la Justicia, con un régimen de concursos que "destierre las decisiones unilaterales favorecedoras de amigos del poder".

Rubio afirmó que hubo algunos encuentros con los vocales del TSJ que ingresaron el mes pasado, como Oscar Massei (que fue asesor del sindicato), Guillermo Labate (con quien mantienen una muy buena relación) y Lelia Martínez de Corvalán.

"Sabemos que hay un consenso en el tratamiento del proyecto que presentamos. Creemos que están más que dadas las condiciones para darle tratamiento legislativo", aseguró Rubio.

El texto que el gremio dejó en la Legislatura, y que la composición anterior del TSJ y diputados nunca trataron, incluye que la Subsecretaría de Trabajo sea la autoridad administrativa de la ley, pero dentro del marco de otra norma nacional, 23.551.

"Es una ley que también regularía los conflictos del sector. Que los delimitaría, por decirlo de alguna forma. Y podría poner ciertos límites a los conflictos permanentes que caracterizaron los ocho años del gobierno de Jorge Sobisch", consideró Rubio. El gremio viene de un último semestre del año 2008 con paros y movilizaciones contra la anterior integración del TSJ. El conflicto se saldó cuando los empleados recibieron una suma fija de 2000 pesos por única vez. Esperaban un aumento del salario, y eso es lo que buscarán una vez que terminen las vacaciones.