VIEDMA (AV).- Era funcionario de Salud, conducía un área de provisión de 25 millones de pesos anuales de medicamentos y, además, tenía relación comercial con la droguería Gavazza, desplazada el año pasado como proveedora de Río Negro por diferentes irregularidades en investigación. Denunciado por "Río Negro", Salud y el Ipross desplazaron silenciosamente al médico Alberto Romero, auditor oncológico de la obra social y conductor del Programa de Control del Cáncer del ministerio.
En diciembre, "Río Negro" publicó la relación comercial de Romero con Gavazza, una vieja proveedora de Río Negro, a partir de su participación en Kroin, que también pertenece a Santiago Gavazza. Tras la publicación, la ministra de Salud Cristina Uría pidió un descargo a Romero y el médico confirmó su participación en Kroin, aunque consideró que esa sociedad no tenía ninguna relación con el Estado rionegrino.
Aun así, Romero dejó en evidencia su relación con Gavazza, quien mantuvo hasta el año pasado una facturación anual con el Estado rionegrino de unos 20 millones de pesos.
El argumento de Romero no alcanzó para justificar su permanencia en Salud y en el Ipross y, según pudo saberse, ambos ya formalizaron el desplazamiento del profesional. Ayer, la ministra Uría expresó la visión oficial. A "Romero se le terminó el contrato el 31 de diciembre y no se le renovó", transmitió la titular de la cartera de Salud.
En octubre, el gobierno provincial excluyó a Gavazza de la lista de proveedores después de varios hechos irregulares. Tres casos son centrales: el Ipross separó a la droguería al detectar la existencia de troqueles truchos en las facturas entregadas, Salud denunció el año pasado un faltante de productos oncológicos que habían sido adquiridos a Gavazza y, en el 2004, esta droguería fue proveedora del Yectafer adulterado que causó la muerte de Verónica Díaz y afectó a otras mujeres.
Inicialmente, Romero era auditor del Ipross y después, hace casi dos años, se incorporó como conductor del Programa oncológico de Salud. La provisión de medicamentos para tratamientos especiales de ambos organismos ronda los 25 millones anuales.
El año pasado, la Defensoría del Pueblo requirió información al Ministerio de Salud y al Ipross por los nuevos proveedores de medicamentos a partir de la exclusión de Gavazza.
En realidad, el organismo que conduce Ana Piccinini ya tenía sospecha de la continuidad de alguna relación de la droguería de Bahía Blanca con el Estado provincial.
La Defensoría disponía documentación de la relación de Romero con el Centro Radiológico de Excelencia Oncológica Kroin. Esta sociedad es presidida por Santiago Gavazza y su vicepresidente es Mario Machiavelli, ambos también dueños de la firma Gavazza.
En diciembre, "Río Negro" se contactó al número de Kroin, que figura en el domicilio de Soler 461 de Bahía Blanca, la misma dirección en la que están registrados teléfonos a nombre de Romero y de Mario Machiavelli. Fuentes sanitarias expresaban que Romero continúa ligado a los directivos de Gavazza a través de Kroin.
Días después de la publicación de "Río Negro", el Ministerio de Salud abrió un sumario a Romero para deslindar responsabilidades y para determinar si se produjo alguna violación a la ley de Ética Pública u otras normativas vigentes, que regulan las cuestiones relacionadas con incompatibilidades para ejercer la función pública, entre otros aspectos.
Una gacetilla consignaba que Romero se "puso enteramente a disposición de la investigación en cuestión, aportando toda la información necesaria en pos de descartar cualquier tipo de irregularidad y que se preserve su nombre y honor".
