VIEDMA (AV)- A la ola de calor que azotó a la ciudad, se sumó ayer el temor de atribulados vecinos que se mostraron indefensos al ver cómo se les podrían esfumar los terrenos de su propiedad a manos de ocupantes que reclaman por un lugar donde construir para sus necesitadas familias.
La sede de la comuna se convirtió ayer en el escenario utilizado por los propietarios para solicitar la participación del intendente Jorge Ferreira ante el conflicto desatado con una nueva ocupación de tierras.
También se acercó una representación de quienes ingresaron por la fuerza. "Nosotros lo votamos, por lo tanto queremos que el intendente nos atienda para buscar una solución habitacional", exigieron intempestivamente estos últimos a funcionarios municipales, mientras el jefe comunal salía por una vía lateral para entrevistarse con el juez interviniente en la causa, Carlos Reussi.
Una treintena de propietarios se reunieron en la mañana por espacio de dos horas con el intendente, solicitándole velar por el cumplimiento de elementales normas de salubridad e higiene, así como una alternativa para las 150 familias que ingresaron en los últimos días al predio del barrio Santa Clara.
"Tengo un capital de 500.000 pesos en equipamiento de alta tecnología que pertenece a un taller de reconstrucción de vehículos, el municipio me controló las ampliaciones, pagué impuestos, y ahora tengo gente por todos lados incumpliendo", denunció el empresario Pablo Wolf.
Otros propietarios preguntaron al jefe comunal si existía una motivación política que derivó en esta virtual usurpación.
Observaron además que "se hizo una ocupación del tipo militar porque se vio mucha logística en el medio, con camiones que llegaron con materiales y un perfecto conocimiento de los deslindes de cada terreno". Los propietarios dieron a entender que habría efectivos policiales entre quienes se instalaron en los terrenos privados.
Se le planteó al intendente que recrudecerán los problemas de inseguridad y se solicitó un relevamiento social para verificar cuál es la situación de cada ocupante.
El jefe comunal no descartó que estén detrás de este tipo de actos algunos sectores del movimiento "piquetero" nacional, más las agrupaciones locales La Cantora y la universitaria Demo.
"En la toma (anterior) de las 15 hectáreas (llamada 30 de Marzo) nos está llevando mucho tiempo desarmar el barullo, pese a que estamos haciendo gestiones para entregar casi 2.000 lotes sociales en la ciudad", apuntó en ese sentido.
Trazó un crudo panorama del déficit habitacional que atraviesa Viedma, pronosticando que "ya no alcanzarán" a cubrir la demanda la anunciada construcción de 400 viviendas por parte del IPPV.
En la conversación se acordó el apoyo del Poder Ejecutivo para acompañar las denuncias ante Reussi y que Ferreira no recibiría "bajo presión" a los ocupantes.
Cuando el intendente se encaminaba hacia el edificio de los tribunales capitalinos, un grupo de ocupantes pretendió interceptarlo en un pasillo con el objeto de entrevistarlo. Rápidamente le salieron al cruce el secretario de Hacienda, José Luis Foulkes, y el subsecretario de Gobierno, Roberto Arregui.
En ese instante se produjo un pequeño enfrentamiento verbal en el que los delegados afirmaron que son víctimas de la injusticia, al punto tal que sólo con el estampillado de un trámite ante el municipio se recaudan 35.000 pesos sin que se brinden respuestas a sus demandas. Foulkes les respondió que "la injusticia no significa que tengan que infringir normas" en relación a la ocupación ilegal, luego de lo cual se convino una salida pacífica cuando se les sugirió -sin resultados en lo inmediato- que soliciten formalmente una audiencia con el jefe comunal.
Casi todos los dueños, que adquirieron de buena fe los lotes, se presentaron en sedes policial y judicial con pocas esperanzas de la restitución en un corto lapso. "Primero nos dijeron que debíamos hacer las denuncias en forma individual, luego que se elevarían las actuaciones al fiscal (Ricardo Falca) y éste al juez para que estudie los casos. Vemos un círculo vicioso, un estado de quietud, como que nadie (en lo inmediato) se hace cargo del tema", graficó a "Río Negro" la abogada y propietaria, Patricia Scavo.
