Funcionarios del gobierno porteño prometieron ayer a delegados de los habitantes de las villas 31 y 31 bis de Retiro que no se ordenarán demoliciones de viviendas, con alturas de entre tres y seis pisos, "sin el consentimiento" de los vecinos.
En ese lugar se hacinan unas 30.000 personas de escasos recursos, a menos de tres kilómetros del céntrico Obelisco porteño.
"No está prevista ninguna demolición parcial o total sin el consentimiento de los habitantes", explicó la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, que participó ayer de una reunión con 33 referentes sociales del asentamiento. Fue hasta allí a llevar calma, luego de que los medios porteños informaran sobre "la demolición de unas 50 casas en peligro de derrumbe".
Algunos vecinos reaccionaron en contra de la medida y amenazaron con interrumpir ayer el tránsito en una de las calles de acceso a la terminal de colectivos, aunque fueron disuadidos por la presencia policial.
Mónica Bustamante, delegada vecinal del barrio, afirmó que el acuerdo con el gobierno de Macri comprende sólo el apuntalamiento de las construcciones peligrosas pero no su destrucción.
La administración Macri afirmó ayer que la "prioridad" en la villa es "el recupero y la puesta en valor de su espacio público" para "mejorar la calidad de vida" de los habitantes.
Los funcionarios prometieron, "en el corto plazo", implementar un programa para solucionar "problemas de presión en la red de agua", remodelar espacios verdes, garantizar "el alumbrado y asfalto de las principales calles" y ampliar la sala de primeros auxilios.
"Todos estos objetivos han sido establecidos mediante el diálogo con referentes y vecinos de los asentamientos en el marco de la Mesa de Trabajo", comentó el ministro de Espacio Público, Pablo Piccardo. Según el funcionario, el recupero del espacio público busca "evitar futuras usurpaciones y poner fin al incremento de construcciones irregulares en altura de alto grado de peligrosidad para sus habitantes, vecinos y peatones".
En un comunicado, el gobierno porteño anunció que "en los próximos días" funcionarios del Ministerio de Ambiente se reunirán con los habitantes de cada una de las 50 viviendas" consideradas "irregulares" porque su altura va de tres a seis plantas.
En los próximos encuentros se analizarán "cuáles son los defectos estructurales de cada una de estas construcciones, así como el grado de riesgo de derrumbe que presentan y qué consecuencias tendría éste sobre las edificaciones cercanas".
También será convocado, tal como pidió la Justicia porteña, un perito de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal para analizar si las construcciones requieren ser apuntaladas o refaccionadas.
"Sólo en último caso", aclaró el gobierno porteño, se recurrirá a "la demolición parcial o total, así como al alojamiento provisorio de los evacuados, de la manera que menos traumática resulte".
