Aquí va mi pronóstico: la principal prioridad del gobierno de Barack Obama en Latinoamérica será firmar un acuerdo de cooperación energética que -de llevarse a cabo- podría reducir la dependencia de Estados Unidos del petróleo de Medio Oriente, fortalecer los lazos de Washington con Brasil y debilitar la influencia de los petrodólares venezolanos en la región.

El plan es casi oficial, aunque los colaboradores de Obama no lo presenten de una manera tan explícita. Propuso por primera vez una Alianza Energética de las Américas para producir, conjuntamente, energías alternativas en un discurso de campaña de mayo del 2008.

La semana pasada, la secretaria de Estado designada, Hillary Clinton, elevó la idea a una máxima prioridad durante su audiencia de confirmación. En su discurso de apertura, cuando tocó el tema de Latinoamérica -casi al final de la enumeración de sus prioridades regionales-, su plan más específico fue "desarrollar la Alianza Energética de las Américas propuesta por el presidente electo".

Más tarde, cuando el panel del Senado le preguntó cuáles eran los planes del gobierno de Obama para Latinoamérica, Clinton dijo: "No sólo queremos ocuparnos de los temas que hacen los titulares", sino "aprovechar las oportunidades en Latinoamérica, y es por eso que la Alianza Energética que ha sugerido el presidente electo tiene tanto potencial".

Entonces, ¿de qué se trata este plan?, le pregunté a miembros del equipo de transición de Obama. ¿Es diferente del muy publicitado acuerdo de cooperación firmado en el 2007 por el presidente Bush y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, para la producción conjunta de etanol y combustibles alternativos en sus respectivos países, Centroamérica y el Caribe?

Fuentes cercanas al plan energético de Obama me dicen que hay marcadas diferencias.

En primer lugar, el acuerdo de cooperación Bush-Lula fue un "memorándum de entendimiento". El plan de Obama, en cambio, se convertiría en una ley de Estados Unidos y en un tratado regional, lo que significa que habría fondos estadounidenses para estudios de viabilidad y proyectos concretos, y tendría un alcance político y geográfico mucho mayor.

En segundo término, además de cumplir con los objetivos domésticos de reducir la dependencia petrolera y de combatir el calentamiento global, el proyecto ayudaría a cambiar el eje de la política estadounidense para la región.

"En Latinoamérica hay un cansancio generalizado con el libre comercio y la lucha contra las drogas", me señaló un alto funcionario del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. "El tema energético abre una nueva senda en las relaciones con el continente, y es coherente con los objetivos generales del presidente electo en materia de independencia energética y cambio climático".

En tercer lugar, cimentaría las relaciones de Estados Unidos con Brasil. Aunque, actualmente, EE. UU. tiene acuerdos de libre comercio con México, América Central, Perú y Chile, así como tratados antidrogas con Colombia y otros países. No posee ningún vínculo institucional parecido con el Estado más importante de Sudamérica, según afirman fuentes próximas al plan.

En cuarto lugar, adoptaría algunas de las propuestas incluidas en el Acuerdo Energético del Hemisferio Occidental, un proyecto de ley de los senadores Dick Lugar y Chris Dodd, que se espera será reenviado al Senado antes de la Cumbre de las Américas que se realizará el 17 de abril en Trinidad y Tobago.

Entre otras cosas, el plan ofrece fondos estadounidenses para establecer mecanismos como reservas regionales de petróleo o etanol, y proporcionar recursos para estudios de viabilidad que permitirían a los países de la región determinar si pueden crear empleos y hacer crecer sus economías mediante el desarrollo de industrias de energía solar o eólica, o convirtiendo la soja, la caña de azúcar u otras cosechas en biocombustibles para uso interno y exportación.

Además, podría crear un mecanismo internacional destinado a fortalecer la debilitada industria petrolera estatal de México. Y, con un rol activo de Brasil, el plan podría ayudar a construir gasoductos que aliviarían la escasez de gas natural de países como la Argentina y Chile.

Mi opinión: no será fácil. Durante la campaña, Obama se opuso a reducir las tarifas aduaneras de Estados Unidos a las importaciones de etanol de caña de azúcar de Brasil. Además, con la actual baja de precio de los combustibles, la presión política para lograr la independencia energética podría disminuir. Y con la crisis económica habrá poco dinero disponible para grandes iniciativas hemisféricas.

Sin embargo, si Obama logra convencer a los países latinoamericanos de que ese plan les ofrece algo positivo -ya sea inversiones creadoras de empleo, diversificación energética o mayor independencia política y económica de Venezuela-, tal vez construya algo importante.

Podríamos pasar de la fatiga generalizada con el libre comercio y la lucha antidrogas a una nueva etapa de entusiasmo colectivo con el desarrollo de energías alternativas que ayuden a combatir el calentamiento global.

ANDRÉS OPPENHEIMER (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Periodista argentino. Analista internacional. Miami.