SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Sólo uno de los 22 funcionarios que no presentaron en término su declaración jurada de bienes regularizó su situación a primera hora de ayer ante el Tribunal de Contralor municipal.

La difusión en la agencia ANB del listado de personal político que no cumplió en tiempo y forma con la obligación de informar su estado patrimonial causó revuelo público pero tuvo escasa repercusión en los despachos municipales.

El Tribunal de Contralor informó a este diario que solo el director de Comunicación Institucional, Juan Carlos Jalil, completó la presentación cuyo plazo de entrega vencía el viernes pasado.

Los funcionarios morosos -incluído Jalil- recibieron en sus escritorio la notificación del órgano de Contralor advirtiéndoles la obligación de subsanar la falta "bajo apercibimiento de perder el derecho de cobro de los haberes que hubieran devengado" hasta le fecha de presentación.

Entre los incumplidores se encuentran el concejal del ARI, Dario Rodríguez Duch, la subsecretaria de Gestión Urbana, Estela Arias y los tres integrantes de la Junta Electoral -Alicia Sisko, Gladys Lobos y Adriana Guzman-.

También la titular de la delegación Cerro Catedral, Nora Antimilla y el coordinador del Vertedero, Alejandro Nahuelquín.

El apercibimiento se sustenta en las penalidades establecidas por la ordenanza 1.797, por la que se obliga al personal político y funcionarios electivos a rendir cuenta de su patrimonio al asumir funciones y renovar la declaración anualmente.