En una breve síntesis, podemos decir que derechos son todos los beneficios que otorgan las comunidades a sus integrantes de acuerdo con el contrato social y político que han suscrito e instrumentado para su organización, tanto entre pares como con el Estado administrador. Esto está básicamente generado a través de los usos y costumbres y las leyes que, a posteriori, dan forma jurídica a los mismos. Por su lado, obligaciones son todos aquellos deberes que la comunidad en la que desarrollan su vida les exige a los ciudadanos; fundamentalmente, el respeto irrestricto a las leyes vigentes y de efectiva aplicabilidad, principio inalienable de sana convivencia y de protección espiritual, física y patrimonial.
Ahora bien; luego del último período dictatorial (´76/´83) en la Argentina, con el advenimiento de la democracia la ciudadanía se sintió aliviada ante el recupero de las instituciones republicanas y de la libertad, considerada ésta como un derecho humano básico.
Lo distintivo del fenómeno social fue que con el transcurrir de los años y en contraposición a lo acontecido durante ese período nefasto de la historia nacional se puso énfasis en el reclamo desmesurado de los derechos y se perdieron de vista las obligaciones, lo que desequilibró la balanza de la paz social.
Como consecuencia de ello, se llega al cuarto de siglo sin cambios traumáticos en lo institucional pero viviendo un verdadero caos a partir de que cualquier organización social y/o grupo que intenta un reclamo, sea ante el Estado o ante instituciones privadas, lo hace desde la fuerza, conculcando derechos ajenos e ignorando sus obligaciones. Ejemplos tenemos por centenares. Más grave aún es que las instituciones que deben dar respuesta a conflictos sociales, por menor importancia que se les asigne, están ausentes o se han tornado inoperantes, justificando su accionar en la falta de recursos económicos y/o humanos.
Cuando un reclamo es llevado por los afectados ante quien corresponde atenderlo, o bien reciben promesas que normalmente no se cumplen o envían a los reclamantes a otro lado para desgastarlos y hacerlos desistir.
Como esta actitud se ha vuelto una insana costumbre, la mayoría de aquellos que tienen importantes problemas opta por coartar las libertades de una parte importante de la ciudadanía, ya sea con cortes de calles, rutas o caminos, tomas de edificios públicos o privados, etcétera, hasta el punto de llegar a ejercer la violencia en contra de quienes no tienen la posibilidad de darles una solución.
Conclusión: si cada uno ocupase su lugar y desempeñase el rol que le compete dentro de la comunidad, ya sea como funcionario público o privado o como ciudadano común, las cosas tenderían a normalizarse y se podría convivir en armonía o con menor cantidad de conflictos.
La ausencia del Estado es cada vez más notoria y lesiva de los intereses de la ciudadanía y la sociedad en última instancia toma revancha incumpliendo generalmente sus obligaciones legales y éticas, agregando a este sombrío panorama el uso permanente que hacen algunos partidos políticos y/u organizaciones sociales de todo conflicto para llevar agua para sus molinos. Al colmo se ha llegado de ser sus mismos dirigentes quienes generan más de una situación problemática para atacar y debilitar a su eventual opositor.
Compatriotas, todo derecho conlleva una obligación; son las dos caras de una misma moneda. Les recomiendo que lean un poco más las constituciones nacional y provinciales y las cartas orgánicas de sus municipios, no sólo para exigir que los responsables de administrar cumplan sino también para ganarse el derecho a reclamar honrando vuestras obligaciones.
Fernando Trebino, LE 7.826.484 - Plottier
