Aunque los dirigentes rurales dijeron hace poco que aguardarían hasta marzo para reanudar las hostilidades contra un gobierno que los trata como enemigos, son muchos los hombres del campo que no están dispuestos a mantenerse pasivos mientras quienes están en condiciones de hacerlo disfruten tranquilamente de las vacaciones de verano, razón por la que el jueves pasado ya se produjeron cortes de ruta para protestar contra la política oficial y distintas agrupaciones están amenazando con paralizar la comercialización de granos y carne. La actitud de los ruralistas puede entenderse. Ya no se trata sólo de la insistencia del gobierno kirchnerista en atacarlos verbalmente y de obligarlos a pagar retenciones desmedidas, sino también de la resistencia oficial a reconocer que, además de tener que soportar el hostigamiento así supuesto, el campo se ha visto devastado por una sequía prolongada y golpeado por la caída estrepitosa de los precios internacionales. Frente a este desastre, los ruralistas tomaron por una burla las medidas anodinas que fueron anunciadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que incluso en el caso de que se concreten, lo que no es nada seguro, no servirían para modificar la situación desesperada en que muchos productores se encuentran.

Es posible que buena parte de la población urbana del país ya no apoye al campo con tanto fervor como en el año pasado, cuando el conflicto brindó a los hartos de la soberbia oficial un pretexto inmejorable para movilizarse, pero esto no quiere decir que el gobierno no tenga motivos para preocuparse. Para sorpresa de muchos, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, un político que durante la fase inicial del conflicto mantuvo una postura prescindente, acaba de afirmar que "esta vez el campo tiene razón". Para los Kirchner, el que Scioli haya llegado a la conclusión de que le convendría más acercarse al campo que seguir pagando los costos políticos abultados que le suponía actuar como un fiel soldado oficialista, es una señal ominosa. Al intensificarse la sensación de que el país ya ha entrado en la etapa "poskirchnerista" que fue anunciada por el ex presidente interino Eduardo Duhalde, son cada vez más los dirigentes peronistas que están procurando distanciarse del matrimonio santacruceño antes de que les sea demasiado tarde. Por ser Scioli uno de los escasos militantes oficialistas que goza de un nivel de aprobación aceptable, es de prever que su ejemplo incida en la actitud de los intendentes del conurbano bonaerense. Si bien a éstos les importa poco los problemas enfrentados por sus comprovincianos de las zonas rurales de Buenos Aires, saben que de agravarse mucho más la condición de la economía las protestas contra la política económica nacional no tardarán en estallar en sus propios distritos. Huelga decir que si creen que no es de su interés continuar apoyando a los Kirchner, los abandonarán a su suerte sin pensarlo dos veces. Al fin y al cabo, por ser los hombres pragmáticos que son, se separaron de Carlos Menem y de Duhalde en cuanto los dos perdieron su capacidad para garantizarles votos y fondos.

No cabe duda de que lo que sucedió en Villa Constitución el jueves pasado, cuando obreros metalúrgicos que protestaban contra la pérdida de puestos de trabajo e integrantes de la Federación Agraria Argentina, acompañados por los infaltables activistas de agrupaciones izquierdistas, cortaron juntos la Ruta 9, encendió luces de alarma en los despachos oficiales. El gobierno tiene motivos de sobra para temer a que se combinen ruralistas enfurecidos por la negativa de los Kirchner a entender lo que está pasando en el campo, obreros víctimas de la ola de suspensiones y despidos que está cobrando fuerza y los perjudicados por la caída de su poder adquisitivo, para conformar un movimiento de repudio mucho más amplio, y más combativo, que el que el año pasado se formó en torno al campo. Puesto que los ruralistas distan de ser los únicos que atribuyen buena parte de sus problemas a la gestión de Néstor Kirchner seguida por la de su esposa, al matrimonio no le sería nada fácil convencer a la ciudadanía de que frente a una crisis mundial de magnitud insólita sería mejor postergar hasta nuevo aviso los conflictos sectoriales en nombre de la unidad nacional.