La semana pasada escribí sobre un chico de Gaza. Él, temeroso de que algún soldado lo tomara por un fanático islámico, levantaba un trapo blanco para mostrar su inocencia. Quería decir con eso que, si en otros tiempos un chico era inocente por el solo hecho de serlo, ahora ya no. Y no sólo en Gaza.

En nuestro país los chicos tampoco son inocentes. Y por eso, cada vez que un chico, las más de las veces tan pobre o más que los de Gaza, comete un delito tan grave como el de matar a alguien, se alza un coro de humanistas que reclama bajar de los 16 años a los 14 la edad de "imputabilidad".

En abril del 2006 nuestro Sergio Gallia, entonces senador de la Nación, firmó un proyecto de ley junto con sus compañeros justicialistas de la Cámara Alta Sonia Escudero y Laura Paz de Cresto para que la edad de imputabilidad bajara a los 14 años. No se trataba, en ese proyecto como en el de otros integrantes del "establishment" nacional, tanto de imputar como de que se pudiera mandar a la cárcel -por no más de tres años, eso sí- a esos menores enemigos de la civilización. Escudero, inspiradora de la iniciativa, expresó su esperanza de que el proyecto pudiera "servir de base a la necesaria continuidad del debate" del asunto, "el que -añadió- sin duda se verá enriquecido por los nuevos aportes que se concreten sobre tan delicada cuestión".

De esos nuevos aportes hubo uno reciente que, no cabe duda, enriqueció el debate. Fue el del abogado penalista Omar Breglia Arias, quien dijo que el desarrollo mental del niño y del adolescente ha avanzado mucho. "En los años ´20, cuando se sancionó nuestro Código (Penal) original, un chico de quince estaba esperando el pantalón largo para incorporarse a la vida social (pero) hoy ya están incorporados a los doce". Breglia cree que por eso hay que meter presos a los chicos (pobres, insisto) y resuelve con facilidad que no haya cárceles suficientes. Es simple para él: "Si hay más delincuentes, tiene que haber más cárceles". Ésa es, para el penalista, "la clave" que descubrió al cabo de empeñosos estudios.

La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, es una decidida opositora a remedios duros como el propuesto por el abogado Breglia o, en tono más edulcorado, el mismísimo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Cuando uno lee las declaraciones que Argibay dedicó al tema en noviembre pasado, no sabe si resaltar más la coherencia de su pensamiento y la firmeza de sus convicciones, o su sentido del humor.

La magistrada enfatizó en que "el delito no se resuelve ni bajando la imputabilidad ni subiendo penas duras indiscriminadamente", y a la vez advirtió que con esas propuestas se contribuye a construir "una sociedad suicida".

Argibay pronosticó que "la van a bajar a 14 años y va a seguir igual, y la van a bajar a doce y va a seguir igual". E ironizó: "Dentro de poco vamos a tener al nene de tres años del jardín de infantes preso porque le pegó a su compañerito con la pelota en el pelotero". Dijo que lo que hay que hacer es acabar con la exclusión social, que condena -antes de que lo hagan los jueces- a muchos niños y adolescentes a una corta expectativa de vida porque están "totalmente reventados por el paco".

Y no sólo por el paco. Quienes claman por más cárceles para los chicos no abren la boca cuando esos chicos, más chicos todavía, mueren quemados como las mujeres brujas y los herejes de los tiempos de la inquisición. Uno abre un diario y encuentra que el sábado pasado, en un edificio viejo del barrio de la Boca que se va cayendo de a poco, se declaró un incendio y murieron seis hermanos, de uno a trece años, que vivían allí porque no tenían dónde. El diario dice que las familias que ocupan el edificio "viven en una suerte de asentamiento entre medianeras, con pasillos tan estrechos por los que apenas cabe un chico. Un hedor impregna el aire del lugar (que) no tiene ni cloacas y tampoco una ventilación adecuada". Hay que leer atentamente el final de la nota: "La sensación es que habitan una trampa mortal". Es un pronóstico de más muertes.

El Código Penal castiga con pena de prisión al funcionario público que "no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". Preguntamos: ¿le incumbe, al funcionario público nacional, provincial o municipal, que la gente de este país viva en lugares seguros? El más elemental sentido común contesta que sí, como también que si no cumple con esas incumbencias debe responder ante la Justicia penal.

Y hay más preguntas: ¿las políticas de seguridad no incluyen a los pobres? ¿Dice o no dice la Constitución nacional que todos los habitantes del país son iguales ante la ley? La página del diario se cierra con otra noticia. En el partido de La Matanza, dos hermanos de tres y cuatro años murieron cuando la habitación en la que dormían fue consumida por las llamas.

JORGE GADANO

jagadano@yahoo.com.ar