NEUQUÉN (AN).- El gobierno presentó hasta el momento, durante el receso legislativo, cinco proyectos de ley. Ninguna de las iniciativas pasará sin discusiones por el recinto y las comisiones cuando la Legislatura vuelva a marchar, porque todas involucran temas que interesaron en el 2008 a la oposición y a los gremios estatales.
La inactividad legislativa permitió al gobierno presentar proyectos sin mayores repercusiones, pero el efecto rebote llegará en marzo, con el período ordinario. Las leyes que el gobernador Jorge Sapag envió a la Legislatura después del 15 de diciembre regulan el funcionamiento de las municipalidades y las comisiones de fomento, reafirman el ingreso por concurso al Estado y establecen de utilidad pública de las tierras del proyecto Chihuido I. Dos compromisos son los que aún no cumplió el gobernador: presentar el presupuesto 2009 -demorado por la crisis internacional y los vaivenes del petróleo- y la expropiación con advenimiento de la fábrica Zanon.
La reforma a la ley 53 de municipios, si bien define el marco para las comunas de segunda y de tercera categoría, avanza también sobre las de primera, ya que elimina el congreso de municipios, un órgano consultivo que, si bien nunca se pudo convocar, tiene la función de ser el espacio en el que se discute la coparticipación. Desde la oposición, representada en mayor medida por la Concertación, que gobierna la mayoría de las comunas más importantes, en febrero pasado se reclamó la realización del congreso, justamente, acompañando un reclamo para duplicar la masa coparticipable. La nueva ley sólo permite establecer vínculos institucionales para debatir el tema. En ese marco, la norma para las comisiones de fomento es un complemento que recorrerá el mismo camino que su hermana mayor.
La reafirmación de los concursos como única vía para ingresar al Estado tendrá dos frentes en los que Sapag encontrará dificultades. Los gremios ya anticiparon que "será de difícil aplicación" una ley que deje a contratados actuales fuera del sistema. También encontrará resistencia en la Legislatura, donde los diputados de la oposición, como en todo el 2008, responderán a sus intendentes frente a las acciones de Sapag. Es que en realidad, lo que el gobernador envió a la Legislatura es un paquete de leyes que pone tope a los gastos salariales, a los pases masivos a planta y a la autonomía de las municipalidades. Los gremios, por ejemplo, ya le enrostraron las contrataciones que se realizaron en su primer año de gestión.
La expropiación de las tierras para Chihuido, en las dimensiones que implica una obra anunciada como la de los mil millones de dólares, no pasará sin cuestionamientos, aunque se generen desde las minorías que no acompañaron el acuerdo entre el MPN y la Concertación para aprobar las prórrogas petroleras (Frente Grande, Libres del Sur y Une).
Resta, según comprometieron el gobernador y el ministro Jorge Tobares antes del receso, la presentación del proyecto de ley acordado con los obreros de la cooperativa Fasinpat para la expropiación de la ex cerámica Zanon. Finalmente, el presupuesto, que había sido anunciado para ser presentado en término el año pasado, deberá esperar a que calmen las aguas de la crisis internacional.