CIPOLLETTI (AC).- El escándalo que se produjo el miércoles por la noche en las instalaciones del Club San Pablo, cuando la presidenta de la cooperativa de viviendas La Esperanza fue increpada por vecinos que le exigían la devolución de casi 600.000 pesos invertidos sin resultados a la vista, derivó ayer en una denuncia penal contra la mujer, por presunta estafa.
La acción judicial fue activada por un importante sector de asociados ante la fiscal de turno, Silvana García.
En este contexto, Alicia González fue trasladada ayer a la Unidad Cuarta con custodia policial. Se la habría notificado de la causa en su contra, aunque no quedó detenida.
González entregó el miércoles por la noche, en su domicilio, sólo unos 40.000 pesos a la gente, según se supo. El resto -más de 550.000- estaría invertido, trascendió, en el circuito financiero bancario en busca de incrementarlo con intereses.
Como si fuera poco, en la víspera estalló otro conflicto, que involucra a más de 300 vecinos asociados a la cooperativa Tahiel Mapu, creada para la compra de terrenos al parecer en Ferri.
En los trámites están interviniendo directivos lugareños de la cooperativa y gestores de Mendoza.
Los cooperativistas, enojados hasta el extremo de ataques de nervios, endilgaban las responsabilidades a esos gestores y la conducción de la entidad.
Un nutrido grupo concurrió a la sucursal cipoleña del Banco Credicoop, en calle Roca, frente a la plaza San Martín, para que sus dirigentes retiren la plata por ellos aportada. Se decía que eran unos 300.000 pesos, porque las cuotas eran de cifras diversas, desde 1.000 hasta 12.000 pesos.
Sin embargo, allí se enteraron que el efectivo había sido extraído de la cuenta y hubo muestras de indignación, con gritos alterados y confusión generalizada. Y justo cuando estaban en el banco los ofuscados socios, por vía telefónica se advirtió al banco sobre la colocación de una bomba. Hubo más inquietud, la policía desalojó la sucursal y luego dejó entrar solamente al personal.
A través de LU19, Sara Palacios, tesorera de la cooperativa, responsabilizó por las malas gestiones al presidente, Julio Pailós, pero muchas culpas se dirigían a los gestores de Mendoza. Hasta anoche nadie sabía a ciencia cierta en qué se había invertido el dinero porque la adquisición de las tierras no se habría producido.
Mientras, se acentúa la incertidumbre en la cooperativa Juventud y Desarrollo, que dirige Luis Minervini, porque también enojados con sus autoridades unos 150 asociados resolvieron mantener la ocupación de tierras de la entidad, en el norte del ejido, frente a Circunvalación.
En ese contexto, el secretario de Obras Públicas, Jorge Barragán, reiteró que en ese lugar está prohibido cualquier tipo de loteo porque es una zona destinada a producción.
