En setiembre del año pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sorprendió a todos al anunciar que estaría dispuesta a negociar con los hasta entonces despreciados "holdouts", o sea con los muchos bonistas que se habían rehusado a aceptar el canje leonino ideado por su marido en el 2005, abandonando así la infantil estrategia oficial de negar su existencia con la esperanza aparente de que andando el tiempo se resignaran a perder todo. Es innecesario decir que los perjudicados -además de los famosos "fondos buitres" que aprovecharon la oportunidad para comprar bonos en default a precio vil- no tenían la más mínima intención de dejarse intimidar por la retórica combativa de Néstor Kirchner y no los impresionó en absoluto el que su parte de la deuda no figurara en las estadísticas económicas confeccionadas por el gobierno. Lo entendiera o no el ex presidente, en el resto del mundo las cosas no funcionan así. Puede que en su opinión los bonistas defraudados, trátese de jubilados italianos, alemanes y japoneses o los abogados de los llamados "fondos buitres", fueran personajes patéticos sin ningún derecho a intentar recuperar nada, pero por motivos que debería de comprender los gobiernos de los países más afectados se sintieron constreñidos a apoyarlos. También cuentan con el respaldo de la ley. Aunque jueces como el neoyorquino Thomas Griesa han procurado manifestar cierta simpatía por la posición del gobierno argentino, de ahí su larga demora en llegar a una conclusión, parecería que su paciencia tiene un límite. La semana pasada Griesa dictó sentencia a favor de un grupo de tenedores de bonos cuyo valor hipotético es de 2.200 millones de dólares estadounidenses y es probable que en base a los mismos principios pronto avale el reclamo de otros por aproximadamente 3.000 millones que se rigen según la legislación del estado de Nueva York. Para el gobierno, es una muy mala noticia.

Por desgracia, el cambio de actitud de los Kirchner se produjo justo antes de cobrar fuerza la crisis financiera internacional que obligó al gobierno a cuidar más las reservas, razón por la que la propuesta de saldar de golpe la deuda con los integrantes del Club de París aún no se ha concretado y las eventuales negociaciones con los bonistas resultarán ser mucho más arduas de lo previsto. De haber actuado el ahora ex presidente con menos arrogancia ante los bonistas, hubiera podido llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio cuando el país todavía disfrutaba del poderoso "viento de cola" supuesto por el boom de los commodities, pero como es su costumbre optó por privilegiar la política interna ya que creía, sin equivocarse, que una proporción significante del electorado festejaría su dureza hacia los bonistas que según la mitología popular eran todos especuladores codiciosos resueltos a enriquecerse a costa del sufrido pueblo argentino.

Merced a la lentitud de la Justicia comercial neoyorquina y el deseo de los gobiernos de los países del Primer Mundo de ahorrarse problemas con la Argentina, durante mucho tiempo Kirchner pudo creer que se saldría con la suya, pero ya tanto él como su esposa se habrán dado cuenta de que cometieron un error costoso. A diferencia de otros países, la Argentina no se verá beneficiada por las medidas de emergencia que están tomando los gobiernos de los países más ricos y organismos como el Fondo Monetario Internacional para ayudar a aquellos "emergentes" que, a pesar de haber manejado sus economías respectivas con responsabilidad, corren el riesgo de afrontar graves apuros financieros. Convencidos de que los buenos tiempos no terminarían nunca, los Kirchner se las arreglaron para impedir que luego de haber protagonizado el default soberano más grande de la historia nuestro país consiguiera aprovechar la oportunidad brindada por una recuperación imprevistamente vigorosa para reintegrarse a la "comunidad internacional" financiera. Por lo tanto, a menos que mucho cambie en los meses próximos, tendremos que hacer frente a la crisis sin poder acceder a los recursos disponibles para otros países como Brasil, Chile y Uruguay, los que, de resultar tan destructivo lo que está sucediendo como algunos vaticinan, podrán contar con la plena colaboración de las instituciones financieras internacionales y los gobiernos de los países más influyentes.