NEUQUÉN (AN).- A un año de iniciar la gestión, el gobierno provincial todavía busca alternativas para regularizar el ingreso al Estado y frenar los pases a planta permanente que habitualmente son moneda de cambio ante una protesta sindical.

Ayer envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone sanciones a los funcionarios que no cumplan con la Constitución provincial, que en su articulo 156 establece la obligatoriedad de los concursos.

La iniciativa avanza también sobre la ley 2128 y el régimen que rige para la entrega de subsidios en la provincia, ya que exime a los beneficiarios de prestar una contraprestación al Estado, "sin perjuicio de la obligación de capacitarse y de participar de los programas que a esos efectos implemente el ejecutivo", según se indica en el proyecto.

El artículo 1 reglamenta el artículo 156 de la Constitución y reproduce las obligaciones respecto de la contratación de empleados públicos, no sólo para el ámbito provincial sino también para municipios, comisiones de fomento y entes descentralizados.

Sin concurso, todo ingreso a la administración pública será "nula de nulidad absoluta" y "el funcionario o empleado público que interviniere en las actuaciones serán plausibles de sanción", según la cantidad de nombramientos.

El órgano de aplicación de la ley, según el esquema propuesto por el gobierno, será el Tribunal de Cuentas, aunque la información pública respecto de las vacantes a cubrir surgirá de los presupuestos, tanto del provincial como de los municipales.

Los funcionarios que no cumplan con la normativa -en caso que sea aprobada sin modificaciones- recibirán multas en dinero, según el grado de la transgresión.

En los fundamentos, el texto firmado por el gobernador Jorge Sapag reconoce la situación irregular que reprodujeron las últimas gestiones, en las que las regalías por hidrocarburos se utilizaron para pagar sueldos, en contra del texto constitucional.

Según se argumentó, la nueva ley implicaría comenzar a desandar ese camino.

La norma avanzaría también sobre las contrataciones masivas por fuera del personal de planta permanente. Habilita la modalidad del contrato sólo para los casos de "funciones científicas, técnicas o especiales", por un año y pudiendo ser prorrogados por igual período y por única vez. Pero la propuesta no sólo apunta a regular sobre los contratos firmados por la actual gestión, ya que indica que los que estén en ejecución podrán ser renovados por seis meses más, ajustándose a la nueva normativa.

Con la eliminación del inciso "e" de la ley 2128, que obliga a los beneficiarios de subsidios provinciales a contraprestar por el aporte, en realidad, el gobierno legitima una política que ya estaba siendo aplicada en el ministerio de Desarrollo Social y que apuntaba a que la única obligación de quienes recibían subsidios fuera cumplir con la capacitación que se les exigía.