VIEDMA (AV).- Este año podría llevarse adelante el juicio por las presuntas irregularidades financieras en el Consorcio de Riego del Valle Inferior.

La causa fue elevada a juicio en los últimos meses del año pasado, de allí que se estima que la audiencia oral y pública podría ser convocada para el primer semestre de este año.

El único imputado es un ex empleado administrativo del organismo, Gabriel Quintupuray, a quien se lo acusa por el delito de "administración fraudulenta".

Este hecho tuvo una gran repercusión en la zona, especialmente cuando trascendió que la presunta maniobra investigada habría superado el medio millón de pesos.

La causa tuvo una reactivación en el 2007 y en los últimos meses del año pasado fue elevada a juicio, razón por la cual se estima que la audiencia oral y pública podría ser convocada para este primer semestre.

Quintupuray, quien se presentó en forma espontánea ante la Justicia, estaba autorizado por la comisión directiva del Consorcio para realizar funciones de administración.

Si bien se presentó ante el juez de la causa, el empleado se abstuvo de declarar en el momento de la indagatoria.

Además trascendió que habría admitido una deuda con el consorcio y habría entregado en compensación elementos materiales, entre ellos un vehículo.

En tanto y como consecuencia de estas actuaciones y a falta de renovación de la comisión directiva, el Departamento Provincial de Aguas dispuso intervenir el ente con el propósito de asegurar el servicio.

En el marco de la investigación también se realizaron una serie de pericias contables y caligráficas.

Con el resultado de las pericias y una serie de testimonios se dio por concluida la investigación penal, señalando como único y presunto responsable de la situación al ex administrativo del consoricio.

Ahora la causa comenzó el trámite en la Cámara Penal de esta capital a los efectos de iniciar el proceso que concluirá con el juicio oral y público y el pronunciamiento final de la Justicia rionegrina frente a este faltante de dinero que fue advertido tras la realización de una auditoría dispuesta por el DPA hace aproximadamente cinco años.