El escándalo por un supuesto pago ilegítimo de por lo menos 54 millones de pesos -podría llegar a 480 millones- salpica al gobierno y, de acuerdo a avanzadas investigaciones judiciales, ese monto podría haberse derivado a lavado de dinero.

La "excusa" para la extracción del mencionado monto del ministerio de Economía fue una demanda contra el Estado por un contrato de reaseguro incumplido por la -ya liquidada- Caja Nacional de Ahorro y Seguros (CNAS).

Pero lo llamativo fue, por un lado, que los reclamos se iniciaron con muchísima anterioridad a cuando la autoridad administrativa del Palacio de Hacienda (cerca del término de la gestión de Néstor Kirchner) decidió pagar y, más sospechoso aún, es que la resolución que habilitó el mismo fue en contra de dos fallos judiciales, en primera instancia y en apelación, en las que diversos magistrados habían rechazado la operación.

El accionante y beneficiario fue un grupo de empresas aseguradoras (Accolade Pool) que mantuvo relaciones comprobadas con un empresario croata acusado de lavado de dinero. (Ver ¿quién cobró?).

Pero la decisión definitiva que del lado del gobierno habilitó el pago fue tomada por Juan Cayetano Intelesano, quien maneja la administración del ministerio de Economía desde hace veinte años. Intelesano, según consta en su declaración jurada, es uno de los funcionarios de mayor patrimonio entre los integrantes del gobierno después de los Kirchner y del secretario de Medios, Enrique Albistur.

Cuando a fines de 2007 la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia, resultó que Intelesano ya había aprobado el pago, pese a que en la vía administrativa el reclamo estaba dando marchas y contramarchas desde hacía más de cuatro años (originalmente era por 11.209.000 pesos).

Durante el lapso transcurrido, tres funcionarios del área judicial del ministerio de Economía dieron diversos pasos en su tarea que pasaba por verificar la legitimidad de lo peticionado.

Se trata de la encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, de Eduardo Pero -a cargo de la dirección de Gestión y Control Judicial-, y del entonces subsecretario legal, Osvaldo Siseles. Ellos fueron mencionados en la denuncia presentada por el titular de la Fiscalía de Asuntos Administrativos (FIA), Manuel Garrido, ante la jueza federal, Romilda Servini de Cubría.

Incluso, de acuerdo al diario "Ámbito Financiero", los representantes de la aseguradora invocaron para cobrar "compromisos asumidos" por Siseles ante abogados de la parte actora.

Consultado ayer por "Río Negro", Siseles sostuvo que en ningún momento aconsejó pagar ese dinero. "Todo se desencadenó 16 meses después que yo dejé el cargo, el expediente estuvo parado como tres años cuando recibí a los peticionantes y les dije que (como ocurre todos los casos) si querían llegar a algún acuerdo con el Estado tenían que hacer algún tipo de propuesta. Si quieren llamarle a ello compromiso, háganlo".

Siseles manifestó a este diario que su sucesora, Alejandra Tadei, en noviembre de 2006 dijo que "había que pagar". Ello sumado a las "faltas de objeciones del titular de la SIGEN Claudio Moroni -subrayó Siseles- fue lo que motivó a Intelesano a ordenar el pago".

Para algunos observadores, existe una similitud del tema en cuestión con el caso Greco al repetirse varios de los nombres involucrados y que se trató de un pago con un trámite administrativo cuestionado (más allá que el de Greco no prosperó o se frenó). "En esa cuestión -por el affaire Greco- yo también me había ido seis meses antes, apuntaron a mi área cuando hubo un proyecto de ley avalado por el ministerio a cargo de Felisa Miceli: alguien impulsaba aquello, pero no se quien fue", se defiende Siseles.

Lo cierto es que crecen las acusaciones cruzadas, en medio de las cuales un dato a tener en cuenta es que Moroni es un funcionario de (el ex jefe de Gabinete) Alberto Fernández.

CLAUDIO RABINOVITCH

(crabinovitch@rionegro.com.ar)