ROCA (AR).- La Cámara de Apelaciones falló en contra de los vendedores ambulantes de Roca que habían presentado un recurso de amparo por la notificación que recibieron en los últimos días sobre la vigencia de la ordenanza que prohibe su actividad en el casco céntrico. Sin embargo, los trabajadores decidieron seguir en sus puestos, como ya lo habían anunciado, y piensan seguir con las acciones legales ante el STJ.
Ayer, el abogado patrocinante de los vendedores, Rodolfo Ponce de León, recibió la sentencia en la que se detalla que el recurso de amparo presentado no es una "vía idónea" por lo que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción, integrada por los jueces Jorge Giménez, César López Meyer y José Luis Rodríguez.
En el escrito se explica que "los amparistas sólo han sido notificados que deben adecuar su actividad de vendedores ambulantes a la norma vigente (...) y si lo que alegan es una violación a un derecho constitucional deberán ir por las vías administrativas y judiciales pertinentes".
La respuesta de Ponce de León fue el inmediato pedido de nulidad y apelación. "Esto se va a Viedma, al STJ, y mientras que la sentencia no esté firme los muchachos se quedarán en los puestos trabajando", expresó.
Sobre el Tribunal que dictó sentencia, en el recurso presentado también ayer y firmado por todos los "afectados" se afirmó que no fue convocado para ese amparo por lo que "es incompetente". Con respecto a la idoneidad, la sentencia determinó que el recurso de amparo debe presentarse "para poner fin a una violación flagrante de algún derecho", y para los jueces no ha existido tal violación, por lo que la acción no constituye un "remedio idóneo".
Sin embargo, para Ponce de León "basta la simple amenaza", la cual se justificó en el accionar de los inspectores que amenazaron con decomisar mercaderías y con detenciones policiales, según quedó escrito en el documento. En el recurso de nulidad y apelación enviado a Viedma, se sostuvo que "existe la amenaza a un derecho constitucional operativo, encontrándonos con una sentencia que en lugar de restringir la agresión, restringe el derecho invocado por los ciudadanos afectados".
