El reciente tarifazo al transporte representa uno de los últimos eslabones en la cadena de ajustes surgidos desde la crisis del 2001. No responde a ninguna estructura de costos ni tampoco a los efectos de la inflación pasada. Es la consecuencia de la crisis fiscal que atraviesa el gobierno producto del despilfarro.

El aumento viene de la mano de la supresión o disminución de los subsidios que aplicaba el gobierno para evitar un sinceramiento tarifario. Ahora que las cuentas públicas comienzan a mostrar caídas como la recaudación de diciembre y las necesidades fiscales del 2009 arrinconan a la administración, el Estado suprime subsidios y traslada los aumentos a los consumidores.

Los ajustes llegan en un pésimo momento. Cuando la recesión y la caída en la actividad afectan el bolsillo de los trabajadores y el empleo, el gobierno descarga el tarifazo, fruto de su impericia e imprevisión. Si se mira desde la óptica de la estructura del transporte, el ajuste no sirve para cambiar ni la cantidad ni la calidad de la prestación de los servicios. Tampoco les permite a los empresarios manejar de manera autónoma la estructura de costos y, lo que es peor, las inversiones dependen en muchos casos de la caja del propio Estado, cada vez más exangüe por estos días. El ajuste no soluciona la fractura de los servicios demostrando una vez más el fracaso de la política oficial de transportes. La gente viaja mal, con inseguridad, hacinada y el parque automotor, locomotor y tractivo se encuentra en estado ruinoso. Pruebas abundan. El servicio ferroviario que une Capital y Posadas, reinaugurado con bombos y platillos, tardó 36 horas en cubrir ese trayecto de unos 1.200 kilómetros, lo que arroja un promedio de 33 kilómetros por hora. Un verdadero "tren bala"...

MIGUEL ÁNGEL ROUCO

(DyN)