VIEDMA (AV).- La Justicia no logró reunir la totalidad de los expedientes de los pasajes oficiales requeridos en la investigación por presuntos excesos. La denuncia se centra en unos 200 expedientes, pero unas decenas no fueron todavía encontrados.

Hace un mes, el juez Carlos Reussi y el fiscal Marcelo Alvarez dispusieron un allanamiento en Familia, retirando una cantidad importante, pero en esa ocasión ni en trámites posteriores se recopiló la totalidad de la documentación.

Fuentes gubernamentales admitieron ese faltante y lo estimaron en más de medio centenar de expedientes. En la Justicia sólo se reconoció que todavía no disponen de toda la documentación requerida aunque se expresó que se repiten gestiones para completar esos elementos esenciales para la investigación.

El faltante se potencia ya que el gobernador Miguel Saiz cuestionó y denunció el allanamiento, que consideró un avasallamiento al Poder Ejecutivo. Molesto por esa directa y sorpresiva presencia de los funcionarios judiciales, Saiz argumento que esa instancia sólo se debe cumplir cuando la Justicia advierte que no existe predisposición en la entrega de documentación.

En ocasión de esa diligencia, la comitiva judicial retiró expedientes de Familia y otras carpetas no fueron encontradas, indicándose que figuraban en la Contaduría General. La cantidad buscada no fue recuperada y ciertas explicaciones gubernamentales no coinciden con el registro de ingreso y de salida de la documentación.

La intervención judicial se originó en la denuncia de la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, que habría detectado irregularidades en relación a gastos exagerados en la entrega de pasajes oficiales, destinados esencialmente a carenciados.

En su presentación penal, el organismo de control entendía también que existía una direccionalidad en esas erogaciones estatales en favor de Fredes. Así, la Defensoría planteaba que esa empresa de autotransporte facturó en el 2007 algo más de 1,6 millones y el año pasado mantenía igual nivel de contratación ya que a setiembre superaba el 1,1 millón.

En ambos períodos, esa firma duplicaba a Ceferino, que era la segunda empresa con mayor cantidad de pasajes oficiales.

Desde un principio, la pesquisa originó una sensibilidad especial en el gobierno de Saiz. Primero, Familia no facilitó la documentación a la Defensoría y, después, los allanamientos determinaron una inesperada reacción del mandatario, que incluyó denuncias contra el juez Reussi y el fiscal Alvarez en el Consejo de la Magistratura.