La Cámara Federal porteña ratificó ayer el procesamiento con prisión preventiva del ex dictador Jorge Rafael Videla, de 83 años, por casi 900 crímenes perpetrados en campos de concentración de la dictadura que dependían del I Cuerpo de Ejército.

El ex dictador "estaba en la cima de la cadena de mandos desde que la que se ideó el plan de represión ilegal, se dieron las órdenes para su ejecución y se dispusieron todos los medios del estado para lograrlo", dijeron los jueces de la Sala I de la Cámara Federal en un fallo conocido ayer.

Los camaristas confirmaron así el fallo que dictó el juez federal Daniel Rafecas, al encontrar a Videla responsable de 30 homicidios, 571 secuestros y 268 tormentos en los centros clandestinos de detención "Club Atlético", "Banco", "Olimpo", "El Vesubio" y "Automotores Orletti", en la llamaba "megacausa del I Cuerpo de Ejército".

Desde 1998 gozó de prisión domiciliaria en su departamento de la avenida Cabildo al 600, en el barrio de Belgrano, pero desde el año pasado Videla cumple arresto en el Instituto Penal Militar Campo de Mayo, donde fue notificado de este procesamiento. El cabecilla del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y primer presidente de la dictadura instaurada entonces ya está procesado con prisión preventiva en otras dos causas: el plan sistemático de robo de bebés de desaparecidos y los crímenes perpetrados en el denominado Plan Cóndor.

Ahora, la Cámara Federal también confirmó su responsabilidad en los crímenes ocurridos bajo la órbita del I Cuerpo del Ejército, una causa reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el fallo, los camaristas consideraron que mediante las características de ilegal y secreta que tuvo la represión, Videla y sus lugartenientes pretendían "asegurar su máxima impunidad a través de la clandestinidad" y concluyeron que si el ex dictador fuera excarcelado podría entorpecer el curso de la investigación". En diciembre de 1983, cuando se refundó la democracia, el entonces recién asumido presidente Raúl Alfonsín decretó el arresto de Videla y los comandantes de las juntas militares de la dictadura, de cara a un juicio por los crímenes que habían perpetrado.