SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En setiembre del 2001, en plena crisis institucional y en momentos en que la consigna "que se vayan todos" sumaba adhesiones en la sociedad, 25 funcionarios y magistrados del fuero Penal de Bariloche propiciaron la creación de un equipo especial de fiscales para investigar hechos de corrupción en el Estado. La propuesta contó con el apoyo del entonces procurador general Hugo Mántaras y con la anuencia del Superior Tribunal de Justicia, pero se quedó sólo en la letra, porque los firmantes de la nota nunca insistieron en el reclamo de facultades extraordinarias ni tampoco se conocieron los casos de corrupción que deberían exponer los fiscales en un plazo de diez días.

Jueces de instrucción, fiscales, camaristas, secretarios de instrucción y de cámara, asesores de menores y defensores oficiales elevaron a los fiscales de Cámara, Enrique Sánchez Gavier y Carlos López, una iniciativa para que otorguen a un equipo de fiscales facultades extraordinarias para el seguimiento de causas que se instruyen en las tres circunscripciones y atacar así problemas de jurisdicción, declaraciones de incompetencia y aspectos del proceso penal que encaminan a la prescripción las causas de corrupción en el ejercicio de la función pública.

El equipo de fiscales, de acuerdo a la propuesta, debería contar con todas las facultades que la ley procesal le otorga al Ministerio Público Fiscal, investigar sumarios en trámite y los que surjan en el futuro con motivo del trabajo en conjunto. El objetivo, conforme a uno de los impulsores, era "meter presos a los corruptos, recuperar el dinero de la gente e impedir que le sigan robando". Otro funcionario, desde el anonimato, agregó que "la ausencia del dinero malhabido por los corruptos mata en nuestros hospitales, crea desocupación, miseria intelectual por falta de educación, desasosiego en los jóvenes que emigran, se drogan o se suicidan y crisis en las familias trabajadoras".

La inquietud apuntaba a investigar cuántos "ñoquis" había en la provincia, cuántos funcionarios se enriquecieron en forma ilícita y no podían justificar su patrimonio, cuántos subsidios se habían entregado a entidades "truchas" y quiénes se habían beneficiado con los convenios con el Ipross, las compras directas y las licitaciones "dibujadas", entre otras irregularidades.

El entonces procurador Mántaras ponderó la iniciativa de los magistrados y funcionarios de Bariloche porque denotaba "una preocupación y que se están haciendo cargo de lo que piensa la gente". Mencionó que "uno puede poner lo mejor de sí para investigar, pero el que cometió el delito también pone lo peor de su viveza". Recordó, entre otras, la causa por el vaciamiento del Banco de Río Negro, donde los abogados de los sospechosos apelaron a "veinte mil chicanas y los camaristas fueron apartados por una ley con nombre y apellido".

La propuesta nacida en esta ciudad recibió la adhesión de magistrados y funcionarios de otras jurisdicciones y un mes después el propio STJ anunció que no se oponía a la propuesta y redobló la apuesta con un requerimiento que desactivó el entusiasmo de los impulsores: le recordó al procurador que era una de sus facultades la integración de un equipo especial de fiscales, puso a su disposición la asignación de recursos y la promoción de una legislación especial sobre causas complejas.