El presupuesto judicial para el 2009 fue recortado por la Legislatura en 75 millones respecto de lo pretendido por el STJ (equivalente a un tercio de los 225 millones solicitados). Lutz expresó que la prioridad es mantener "las necesidades funcionales actuales", como los sueldos, que representan del 88 al 92% de los gastos. "Tenemos una estructura actual y otra que fue creada por el legislador, que muchas veces ni responde a iniciativas del Poder Judicial. No se pueden crear organismos y que la Justicia los tome a cargo, como la creación de juzgados de Familia y de Ejecución Penal. No se discute su necesidad, pero sin asignación de recursos resulta difícil avanzar en lo nuevo.

"Habrá un debate en el STJ y condicionamiento en el funcionamiento de las tareas delegadas. La Justicia debe centrarse en sus funciones jurisdiccionales y de los ministerios públicos. Los legisladores suman funciones de profesionales de otras disciplinas, con tareas ajenas al Poder Judicial como cargos técnicos del Ministerio Público y otros en juzgados de Familia (violencia familiar). Pero no se implementa el mandato constitucional de la policial judicial.

-¿La implementación de la Ley de Ministerios Públicos será prioridad?

-Sí, la reforma será prioridad. Pero, en principio, hay que cumplir con el funcionamiento de los organismos actuales. Todo lo demás quedará pendiente. Tenemos ciertos compromisos de las acordadas 9 y 11 del 2005 y quedó pendiente un aumento de la Corte para el 2008 de un 5% en las remuneraciones judiciales (representaría unos 6 millones anuales).

-¿En la reunión con el gobernador Miguel Saiz hubo compromisos de otras asignaciones?

-Se le planteó que en el Poder Judicial hay comprensión pero no podemos quedar desprotegidos frente a la permanente reducción de la participación presupuestaria. Y se pidió otro protagonismo en las decisiones de la política judicial cuando se crean organismos, se asignan recursos y se definen estructuras. Tenemos un excelente sistema de informatización, pero no hay recepción de la trascendencia para seguir con eso y dar otro salto y se prioriza un edificio o un juzgado. El beneficio jubilatorio del 82% es el reconocimiento de un derecho consagrado en la ley. Se abrió un debate en un momento poco feliz. Es preferible tomar distancia y dejar que las cosas se aclaren. Existe un déficit comunicacional en la Justicia que determinó que la sociedad lo considere un privilegio.