SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Vecinos del barrio Don Bosco exigieron ayer a la Justicia una acción decidida frente a los hechos de violencia desatados en ese lugar por los ursurpadores de un terreno privado.

La recriminaciones, formuladas al fiscal Guillermo Lista durante el encuentro convocado por el municipio para frenar las confrontaciones ente vecinos y ocupantes, fueron acompañadas por el Consejo local de Seguridad, que se hizo eco de la preocupación planteada por dirigentes vecinales del "oeste".

Ante el secretario de Gobierno, Nelson Vigueras; la directora de Seguridad, María Seoane; autoridades policiales y del Consejo, los vecinos recordaron las denuncias radicadas en Tribunales por las amenazas previas que derivaron en los hechos de violencia del primero de enero pasado.

A media mañana, la secretaria de la Junta vecinal, María Huenchupan, fue atacada en su domicilio por uno de los líderes de la cuestionada toma, que tras insultarla le dio una paliza.

La mujer, que sufrió heridas de gravedad en la cabeza fruto de un piedrazo, radicó una denuncia judicial contra sus agresores a los que identificó como "Miguel Mansilla, alias El Mohicano, y su señora Catalina Lineros". La misma persona habría amenazado a la titular de la junta vecinal y otros vecinos por pedir el desalojo de la toma.

En el encuentro de ayer, Lista se comprometió a mantener informado al municipio y los vecinos sobre el estado de la causa. También dijo estar predispuesto a una pronta intervención ante nuevas denuncias de similar tenor y a transmitir la inquietud a sus colegas.

Por su parte la Policía, en coordinación con la dirección de Seguridad del municipio, comprometió la presencia permanente de efectivos para custodiar la seguridad de las personas amenazadas y patrullar las calles de ese barrio, ubicado a 20 kilómetros al oeste del casco urbano .

Al término de la reunión -que no pudo presenciar la prensa-, Vigueras informó a "Río Negro" que, además del hecho puntual ocurrido en el barrio Don Bosco, "se analizó la situación general de las ursurpaciones y ocupaciones como un elemento de alerta en toda la ciudad".

El municipio convocará a los propietarios de los tres lotes ocupados o a sus representantes legales para que definan si van a iniciar acciones legales tendientes al desalojo de los ursurpadores, en consonancia con el reclamo de los habitantes del lugar.

"Los vecinos están aterrorizados y reclaman el desalojo de los ursurpadores porque son gente con antecedentes de violencia que amenazaron, consumaron su amenaza y volvieron a amenazar; pero el municipio no puede intervenir en forma más activa porque las tierras ocupadas son privadas", dijo el funcionario.

Vigueras reiteró que la posición del municipio es contraria a las ocupaciones ilegales. "Desde el comienzo de esta gestión se decidió que las situaciones ya generadas por las ocupaciones tendrán su regularización en cuanto a la titularidad dominial y la provisión de servicios, pero de aquí en más las mismas deberán ser canalizadas a través del Instituto Municipal de la Vivienda, de manera de buscar una solución conjunta a esta problemática".