NEUQUÉN (AN).- La diputada Paula Sánchez (Libres del Sur) solicitó información a la Dirección Provincial de Minería para saber qué mecanismo de extracción se utilizaría, de entrar en funcionamiento, en la mina de cobre que una empresa de capitales chinos busca poner en marcha en Campana Mahuida.

Sánchez se manifestó ayer "preocupada" por la iniciativa y consideró que "si es un emprendimiento a cielo abierto, utilizará ácido sulfúrico, y por eso queremos saber qué se hará para contrarrestar la acción contaminante que eso implica", expresó la legisladora, que integra la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Legislatura.

No fue la única voz legislativa de la oposición que planteó la necesidad de tomar recaudos, ya que el diputado Tomás Benítez (Concertación) anticipó que requerirá información, al mismo organismo, sobre el yacimiento de cobre para promover desde la Legislatura "lineamientos muy firmes para el cuidado del medio ambiente de la zona".

Benítez sostuvo que "a título personal no estoy en contra de un emprendimiento de este tipo, sobre todo en épocas donde es necesario generar empleo".

Pero comparó el emprendimiento minero, y los riesgos que de él podrían desprenderse, con la contaminación producto de la explotación de hidrocarburos en otras zonas de la provincia.

Señaló que "tenemos la experiencias de las petroleras que dicen que van a cumplir con todos los requisitos para preservar los recursos naturales", sin embargo "la experiencia nos dice que sin mecanismos de control permanente, corremos un riesgo grande". En este contexto, sostuvo que "hay un marco jurídico adecuado para atender el reclamo de los pobladores", pese a lo cual los diputados podrían promover una declaración que marque "más firmeza y que no permita que nadie se haga el distraído".

El caso de la mina de Campana Mahuida cobró especial notoriedad durante el último mes.

Los pobladores de la zona y en especial la comunidad mapuche Mellao Morales, en cuyas tierras se levantaría el emprendimiento, lograron la suspensión de una audiencia pública que iba a concretarse a fines de mes.

Una jueza de Zapala falló a favor de un recurso de amparo que los mapuches habían presentado. Los lugareños sostienen que la convocatoria a la audiencia estaba viciada por dos motivos principales: no se habían respetado los plazos necesarios para la convocatoria (30 días administrativos) y denunciaron que les impedían acceder de forma plena al informe ambiental que presentó la empresa en la dirección de Minería. En este escenario, amenazaron con propagar su protesta a la capital provincial.