El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), una organización no gubernamental vinculada con el ámbito tribunalicio, responsabilizó a la "corporación" judicial por las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, que pusieron a una decena de acusados de represión al borde de la libertad.

"Alertamos a la ciudadanía sobre nuevos intentos de utilizar una situación vergonzosa e inadmisible (como los presos durante mucho más de dos años sin siquiera fecha de juicio) para promover parches (al sistema) cuyo único efecto es el de empeorar las disfunciones del sistema penal", advirtió un documento remitido a la agencia DyN.

Entre esos "parches", la ONG judicial mencionó el "alargamiento de los plazos, multiplicación del número de oficinas judiciales, fiscales ineficientes y reducción de las garantías procesales".

La advertencia de INECIP llegó después de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que instó a apurar los demorados procesos orales sobre desaparecidos, pero salió a repartir culpas con el Ejecutivo y el Legislativo a raíz de las demora producidas.

En esa acordada, la Corte Suprema también había deslizado un cuestionamiento a las organizaciones de derechos humanos que actúan como querellantes y que se oponen a enviar a juicio las causas de a poco. (DyN)