BUENOS AIRES (ABA). - Mucho ruido hicieron por estos días las denuncias sobre corrupción en manos de la Justicia federal, pero las nueces... están por verse.

En principio, la megacausa por asociación ilícita contra el ex presidente Néstor Kirchner -y varios funcionarios "amigos", elevada por el fiscal Gerardo Pollicita- es un paquete que aún no se ha desarmado.

"Hay que certificar cada una de las denuncias (presentadas por Elisa Carrió) porque vienen de la más diversa procedencia; hay que reconocer el origen de cada caso", confiaron cerca del despacho del juez federal Julián Ercolini.

Allí le adjudican el mérito a Carrió por los elementos aportados ya que aseguran que el fiscal tenía obligación de presentarlos al juzgado.

Una de las cuestiones incluidas en la acusación es la adjudicación de las obras para la Ruta 23 a la empresa Gancedo S.A, pero aún no ha sido analizada en el juzgado.

Hace más de medio año esa misma concesión -con el contrato ampiado por Vialidad Nacional y Viarse- tiene un expediente abierto en la Fiscalía Administrativa nacional que conduce Manuel Garrido, pero casi nada se ha avanzado. Garrido rechazó enfáticamente a través de su secretaria hablar con este medio y no informó de ninguna medida tomada al respecto; mientras, se despachaba en otros diarios con declaraciones sobre su conflicto con el procurador de la Nación, Esteban Righi.

En definitiva, en la oficina de Ercolini reconocen que va a demorar bastante tiempo avanzar en la mencionada megacausa; y a mitad de 2009 en plena campaña electoral no parece probable -de acuerdo a las "costumbres" judiciales- que se tome alguna medida decisiva al respecto.

Por ahora, se citó al ex intendente cordobés Luis Juez como testigo por declaraciones que hizo sobre un supuesto ofrecimiento del empresario Cristóbal López para incrementar su participación en el negocio del juego, tema sobre el que Juez ya habló -aunque mucho después que hubiera ocurrido ese episodio- en todas las radios del país.

La acusación más avanzada en la órbita de Pollicita es una que apunta al ex vicepresidente Carlos Ruckauf, a quien se le adjudica haber retirado de fondos reservados, mientras estaba a cargo del Senado Nacional, por 2.605.000 pesos desde agosto de 1995 a noviembre del 99 para darles uso personal (se sospecha que se quedaba con unos 50 mil pesos en promedio por mes). Sobre el ex mandatario bonaerense hay un pedido de indagatoria.

En el caso Siemens la investigación de Ariel Lijo se basa en el reconocimiento de la propia empresa en Estados Unidos y del informe de una auditoría de ese país, por lo que el juzgado pidió autorización para viajar a Estados Unidos (y a Alemania para solicitar mayor colaboración) lo cual ocurriría en abril.

En este "affaire" (como detallara una investigación de un periodista independiente difundida por este diario y deslizara la mencionada firma germana) estarían involucrados el ex presidente Carlos Menem, su ex ministro Carlos Corach, el ex titular de Migraciones, Hugo Franco y un sector que integrara el gobierno de la Alianza).

La única cuestión relacionada con Siemens que involucra al actual gobierno de los K es una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans por la construcción de unas turbinas en Santa Fe.

Esta acusación está en pañales, reconocieron en el propio juzgado que instruyen la causa.