Martes 30 de Diciembre de 2008 Edicion impresa pag. 3 > Nacionales
El gobierno intervino la Transportadora Gas del Norte
Harán una auditoria para fiscalizar la prestación del servicio

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso ayer la intervención por 120 días de la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) y designó para el cargo a Roberto Darío Pons.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, explicó al hacer el anuncio que "la intervención coadministrará la empresa junto al directorio" y tendrá a su cargo "la fiscalización de todos los actos que puedan afectar la normal prestación del servicio público de transporte de gas".

La medida del gobierno fue dispuesta como consecuencia de la decisión adoptada y comunicada a la bolsa por TGN, la semana pasada, de declarar en default el pago de un vencimiento de Obligaciones Negociables, argumentando un deterioro de su ecuación económico-financiera.

TGN es licenciataria por 35 años y opera, desde 1992, los gasoductos troncales Norte (con origen en Campo Durán, Salta) y Centro Oeste desde Loma La Lata, Neuquén, hacia Buenos Aires.

El principal accionista y controlante de TGN es Gasinvest SA (sociedad conformada por TecGas NV -Techint-, Compañía General de Combustibles SA, Total Gas y Electricidad Argentina SA y Petronas Argentina SA) que posee el 56% del capital social de la compañía. Blue Ridge Investments posee el 24% de TGN y el 20% restante se negocia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La empresa argumentó deterioro patrimonial "por efecto de la depreciación del peso sobre tarifas domésticas que permanecen fijas, combinando con una caída en los ingresos por transporte de exportación y con un incremento de los costos en pesos y en dólares".

Asimismo, la compañía aseguró que incumplía el pago porque "se ve en la necesidad de administrar sus recursos con el propósito de mantener la prestación segura y confiable del servicio público del transporte de gas natural a su cargo, como exige la ley del Gas 24.076 y el artículo 10 de la ley 25.561". También argumentó que lo hace para "preservar el principio de empresa en marcha y asegurar la igualdad de trato a todos sus acreedores financieros". (DyN)

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