Estamos ante un gran viraje sobre la inmigración. La adopción de la circular de junio del 2008 ya indicaba que, a partir de ese momento, la UE no se andaría con demasiadas consideraciones morales en la gestión de las migraciones no europeas en el seno del mercado único. Prevalecería la ley de la "preferencia europea" y todos aquellos que no tuvieran la suerte de tener la nacionalidad de uno de los Estados de la Unión deberían aceptar, si hubiesen emigrado ilegalmente, acabar en centros de internamiento por períodos de hasta 18 meses antes de ser expulsados.

Varios gobiernos, entre ellos el español, dijeron sin embargo que no modificarían en nada su legislación sobre el período de retención. Vemos hoy lo que está ocurriendo: en todas partes los poderes públicos alargan el período de retención (en España pasamos de unos días a tres meses) y todo hace pensar que nos encaminamos hacia medidas aún más drásticas. Y lo haremos con más facilidad en la medida en que la grave crisis económica actual hace comprensibles, a ojos de la opinión pública, todas las represalias sociales y jurídicas que afectan los derechos de los inmigrantes.

La situación ya era difícil para los trabajadores no residentes en la UE. Los plazos para obtener los permisos de residencia eran sospechosamente largos, las trabas administrativas constantes e incluso ocurrió que dirigentes políticos reclamaran una especie de "apartheid escolar" para "proteger" el nivel educativo de los autóctonos ante los hijos de inmigrantes presumiblemente menos permeables a las culturas de los países de acogida.

Los inmigrantes tienen las espaldas anchas. Y a partir de ahora están en el ojo del huracán. La crisis social que se avecina no será generosa con ellos. Se prevén varios millones de desempleados en Europa. Son los primeros afectados. Y hay una diferencia en el trato de unos y de otros. Los que provienen de países del Este, amparados por la directiva de junio del 2007, al menos estarán a salvo de las expulsiones. Pero ello no significa que estén protegidos.

Los demás se encontrarán en una situación más frágil. Millones de ucranianos, moldavos, rusos, que sufren a veces graves enfermedades, ya no podrán recibir cuidados médicos en Europa. En Alemania se habla de varios millones de personas a quienes se les niega el acceso a cuidados de primera necesidad en los hospitales. Además, es probable que dentro de poco los inmigrantes tengan que aguantar duras campañas para que vuelvan a "su casa".

Deberán también atenerse a un crecimiento de la propaganda xenófoba, que ciertos partidos conservadores no desaprovecharán para debilitar o reforzar electoralmente a los partidos en el poder. La competencia en el mercado de trabajo también nos librará de muchos tabúes morales y podemos temer que la lógica de la "preferencia nacional", ayer argumento de la extrema derecha racista a la francesa, hoy oficialmente instalada en la Italia de Berlusconi, se convertirá en legítima un poco en todas partes. El discurso sobre la "necesaria restricción de los derechos sociales en tiempos de crisis" se convertirá en una evidencia, según el viejo principio de la privatización de los beneficios para unos y de la socialización de las pérdidas para otros.

En España, el gobierno no quiere dejarse llevar por este ciclo. Tiene razón. Pero ¿podrá realmente hacerle frente? Debería en todo caso poner menos el acento en el "retorno" de los inmigrantes y más en su integración en tiempos de crisis. Es cierto que la mayoría de los gobiernos europeos defiende una política de "retorno" a los países de origen. Pero esto nunca ha funcionado. ¿Por qué tendría hoy que ser diferente en el contexto de una crisis mundial que desestabilizará aún con mayor dureza a los países pobres de los que provienen los trabajadores extranjeros?

Se necesitarían al menos dos requisitos para que esta política saliera adelante: la puesta en marcha con los países de origen de vastos programas de reinserción socio-laboral financiados a largo plazo y la posibilidad de retorno al país de acogida sin límites de tiempo de residencia en el país de acogida; dicho de otra manera, que el derecho al permiso de residencia en el país de acogida no sea retirado. Pero es poco probable que los gobiernos europeos acepten, porque no han entendido bien las dinámicas migratorias modernas. Para que el retorno pueda ser atractivo, los inmigrantes legalmente instalados tienen que poder beneficiarse del derecho de libre circulación. El retorno se convertiría en un derecho más y no en un castigo debido al desempleo. Este sistema funcionaba muy bien entre Francia y los países del Magreb, así como entre Alemania y Turquía antes de que se cerraran las fronteras. Podría convertirse de nuevo en una buena solución en una situación de crisis.

El futuro es sombrío para los inmigrantes. Por ello la solidaridad será en el 2009 más necesaria que nunca, ya que si resulta legítimo dejar de acoger a trabajadores en tiempos de desempleo, también es imperativo defender los derechos de quienes han contribuido al desarrollo de la riqueza colectiva. (El País Internacional)

SAMI NAÏR (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Politólogo, filósofo, sociólogo y catedrático argelino