La Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó ayer a todos los tribunales a acelerar el trámite de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
Fuentes vinculadas al máximo tribunal confirmaron que ayer la Corte decidió, en una acordada, que se efectuará un seguimiento de los expedientes que involucran delitos de lesa humanidad durante ese período.
Pocos días atrás, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó como "una vergüenza para la Argentina y la humanidad" la medida de la Cámara de Casación -luego suspendida- que dispuso la liberación de Alfredo Astiz y otros represores en la causa Esma, en tanto que en el 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner cuestionó que desde el 2003 había "98 casos parados" sobre violaciones a los derechos humanos.
La Corte realizó, además, en su acordada de hoy un informe sobre el estado de causas en trámite en distintas jurisdicciones del país sobre el accionar de represores entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.
El informe citó una docena de juicio orales realizados en los últimos tres años, entre ellos los conocidos como "Mansión Seré" y "Masacre de Fátima" en Capital y en los que se condenó, entre otros, a los militares Luciano Benjamín Menéndez y Jorge Acosta ("Brandalisis" en Córdoba), el ex capellán del ejército Christian Von Wernich y el ex comisario Miguel Etchecolatz, en La Plata.
También mencionó casos en "etapa de juicio oral", como las "megacausas" sobre delitos cometidos en las órbitas del Cuerpo I del Ejército y en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el "Plan Cóndor" y "Riveros", en las que están procesados, entre otros, los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, los ex marinos Acosta y Alfredo Astiz y los ex jefes del Ejército Antonio Bussi, Cristino Nicolaides y Ramón Díaz Bessone.
"Para una correcta evaluación de estos procesos es necesario considerar que se trata de la mayor investigación llevada a cabo en el mundo entero sobre delitos de lesa humanidad", destacaron las fuentes.
A la falta de tribunales especiales y legislación que delimite la investigación "hay que agregar -señaló la evaluación- que el Poder Judicial ya estaba saturado por el nivel de litigiosidad" y que hay "insuficiencia de jueces" y faltan "edificios adecuados, tecnología y salas de audiencias". (Télam)
