Masily SA fue inhabilitada por el Banco Central para realizar operaciones de cambio y para anular las ya hechas, según comunicó esa entidad rectora a todas las entidades financieras, casas de cambio, agencias oficinas y corredores de todo el país.

La empresa, que proveyó de alimentos a la provincia de Río Negro junto con Flavors SA, también integrante del grupo Matas, está radicada en San Luis desde 1988, y registraba al día de ayer 251 cheques rechazados por un total de 2.376.258,20 pesos, y una deuda en situación 4 -en mora- por casi 20.000 pesos en el Nuevo Banco Industrial de Azul.

Masily es la firma -concursada- que poseen en San Luis los propietarios de Industrias J. Matas SRL -que está concursada en Mendoza- y de Flavors SA, que cerró su planta de Conesa luego de que el Estado rionegrino -su único cliente conocido- rescindiera el contrato que lo vinculaba con la firma y que se encontraba prorrogado y la excluyera del Registro de Proveedores. Eso sucedió a raíz de múltiples denuncias de mala calidad y contaminación de los alimentos que -por valor de 17 millones de pesos anuales en 2007- proveía al Estado con destino a comedores escolares y comunitarios y módulos del programa Comer en Familia. La mayoría de las denuncias se canalizaron a través de la Defensoría del Pueblo, que presentó una denuncia penal que actualmente tramita en Viedma.

El Banco Central dio a conocer el pasado 26 de diciembre la Comunicación "C" 52425 dirigida a las entidades financieras, casas, agencias, oficinas y corredores de cambio, en relación a la suspensión de operaciones de cambio para Masily SA.

En esa Comunicación, el Central dispuso que "sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio o, en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de Masily S.A. C.U.I.T. Nº 30-62294384-7. Contrato social de fecha 04/02/88, inscripto en el Registro Público de Comercio de San Luis el 24/04/88 bajo el número 15, tomo 52, folio 121 de Contratos Sociales".

Agregó que las entidades financieras y operadores también "deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encontraren pendientes de aviso a los corresponsales".

Informó que se trata de "medidas precautorias" aplicadas de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 de la Ley 19359 de Régimen Penal Cambiario. La Comunicación fue suscrita por Claudio Gatti y Jorge Lombardi, que se desempeñan como inspector General de Control de Cambios y gerente de Control de Entidades no Financieras respectivamente, del Banco Central.