SANTIAGO.- El gobierno chileno demandó ayer a familiares de cuatro falsos desaparecidos atribuidos a la dictadura del general Augusto Pinochet que por años recibieron beneficios de reparación, al tiempo que se mostró favorable a reabrir comisiones destinadas a establecer la verdad histórica.
La Corte de Apelaciones de Santiago designó al juez Carlos Gajardo al acoger la solicitud del gobierno argumentando que los errores en la nómina oficial de víctimas de la dictadura han generado "profunda conmoción pública".
El juez especial indagará si existen más casos de personas que figuran en las listas oficiales pero que hoy están vivas o murieron en otras circunstancias, señaló el subsecretario del Interior, Patricio Rosende. "Éste es un tema que requiere rapidez y dedicación exclusiva", señaló el funcionario. Hasta ahora son cuatro las personas que erróneamente fueron calificadas de detenidos desaparecidos y que figuran en una lista oficial que cifró en 1.183 los casos y en un memorial levantado en el Cementerio General de Santiago.
El primer caso se conoció en noviembre cuando la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) reveló que Germán Cofré, de 65 años, estaba vivo y residía en Buenos Aires.
Oficialmente Cofré figuraba como desaparecido en 1973 desde un centro de detención de la Fuerza Aérea, al mes siguiente del golpe militar que instaló a Pinochet en el poder. Su familia sabía que estaba vivo y cobró los beneficios asignados a estos casos, cifrados en unos 62.000 dólares en total.
Otros tres nuevos casos se conocieron el fin de semana, tras la investigación abierta por el caso de Cofré. Se trata de una mujer que falleció en 1955 -es decir 18 años antes del golpe de Pinochet-, y dos hombres, uno de los cuales está vivo y reside en Argentina.
La familia de Emperatriz Villagra no ha recibido beneficios del Estado y no estaban claras aún las razones de por qué fue incluida en los listados oficiales.
Los otros dos casos corresponden a Edgardo Palacios, un militante socialista enterrado como indigente en el 2006, y Carlos Rojas Campos, quien vive en Buenos Aires. Las dos familias recibieron indemnizaciones.
En el caso de Edgardo Palacios su familia se enteró de su paradero en el 2006, pero no informó a las autoridades y siguió cobrando los beneficios, mientras que Carlos Rojas fue ubicado en el 2005.
