Pese a que el director de pesca marítima, Miguel Alcalde, se excusó de brindar información acerca de los actos administrativos sancionatorios efectuados a las empresas pesqueras durante los últimos años, porque manifestó qué "esa información se remite a Viedma" consideró qué "desde la implementación del SIMPO las infracciones han bajado significativamente".

El funcionario, que preside el área desde noviembre de 2005, expresó qué "la sola presencia de este tipo de tecnología a bordo hace que se tomen más recaudos y se evite incurrir en faltas".

Alcalde consideró también qué "desde la modificación de los parámetros de sanción, que se efectúo en 2001, las multas son muy elevadas, porque se usa como parámetro el precio del litro de gasoil. Por ende, una infracción mínima implica el desembolso de 70 mil pesos, y de allí para arriba, teniendo en cuenta que estas sanciones rigen tanto para la empresa como para el patrón del buque, porque son solidariamente responsables, y eso genera que las firmas interpongan recursos legales para evitar el pago, que siempre es muy costoso, alargando la instancia previa a que esa sanción se haga efectiva".

El director de Pesca argumentó qué "sostengo que hay que educar en una conducta de pesca responsable, y que las sanciones deben tener racionalidad en los costos, porque si afrontar una penalidad va a inhabilitar a una empresa económicamente, debido a lo cuantioso de la suma, tampoco cumple con su finalidad, que no es precisamente recaudatoria".

Por su parte, el jefe del departamento de Policía de Pesca, Daniel Millán, opinó qué "no creo que los montos deban modificarse. En lo concerniente a pesca las sanciones siempre fueron altas. Lo que en realidad debería cambiar es el seguimiento de las infracciones labradas, para saber qué pasó con ellas".

Otras fuentes explican que la multa debe ser costosa y valuada en comparación con el gasoil por el motivo técnico de que si no se establece de esa forma, ingresar a la zona vedada y completar bodegas con merluzón en reproducción resultaría más beneficioso económicamente -aún con el pago de la multa- que pescar en la zona permitida. Es decir que aún pagando, las ganancias en lo inmediato serían cuantiosas. Pero el daño podría ser irreparable. (VM)