SAN ANTONIO OESTE (ASA)- "¿Y eso está funcionando?" dicen que le preguntó por lo bajo el gobernador Miguel Saiz al ministro de la Producción, Juan Accatino, cuando en el marco de la puesta en marcha de las medidas de apoyo al sector pesquero, efectuada en Mar Del Plata a principios de este mes, la presidenta Cristina Kirchner clavó los ojos en él, al elogiar el ´Sistema de Control y Posicionamiento Pesquero´ desarrollado por el Invap y anunciar que se implementaría a nivel nacional.

La anécdota, referida por uno de los asistentes al acto oficial, circula desde entonces por la localidad, y aunque se sabe que el dispositivo desarrollado por el Invap goza de buena salud, el hecho de que en los últimos seis años no se registren actos administrativos sancionatorios en materia de pesca marítima en la provincia provoca que el caudal de datos surgidos a través de este control sean inútiles, o al menos sólo sirvan para llevar un arduo registro de faltas sin castigo.

La realidad, entonces, se ocupa de responder la incógnita que la anécdota puso en boca del gobernador. Sí, el SIMPO funciona desde 2004 en los barcos del golfo, pero desde el año anterior a su implementación a nivel provincial nadie se ocupa de sancionar a aquellos que pescaron en zonas vedadas o infringieron cualquier otra norma de las que explicita la ley de Pesca, y de esta manera los controles caen en saco roto.

Las estimaciones de las capturas anuales en el Golfo San Matías, según la página oficial de Río Negro, oscilan en 11.000 toneladas, las que sumándole calamares, vieyras y mejillones ascienden a 19.050 toneladas.

Fuentes vinculadas con el quehacer gremial pesquero consideran que el 40% de las capturas no se declaran, por lo que los números y el dinero que se maneja por fuera de las extracciones "blanqueadas" sería mucho mayor.

Sin embargo, Raúl González, exdirector del del Instituto de Biología Marina y Pesquero Almirante Storni, asegura que "es imposible que no se declare la totalidad de las capturas, debido a los fuertes controles que impone la Policía de pesca". El tema es saber dónde fueron extraídos.

La falta de controles o de sanciones a quienes depredan en los mares argentinos llevó a que en los últimos 20 años la población adulta de merluza se redujera un 70 por ciento, asegura la Fundación Vida Silvestre Argentina. "El alza del precio internacional -166 por ciento desde 2003- acentuó la tendencia", dice la Fundación.

El dato acerca de esta ausencia de sanciones surgió en la sexta reunión de trabajo de las comisiones que se conformaron a nivel local para la elaboración del proyecto ´Ecopes´ (Ecosistema Pesquero Sustentable) y figura en el acta del encuentro del que participó, en representación de la provincia, el director de Recursos Naturales, Jorge Bridi.

Consultados con respecto al tema, tanto Bridi como Miguel Alcalde, el director de Pesca Marítima (ver recuadro aparte), apuntaron al director de Fiscalización del Ministerio de Producción de la provincia, Ramón Conde, como el poseedor de precisiones acerca de la cantidad de sanciones que se efectivizaron en los últimos años.

Sobre este particular, Conde reconoció que "es posible que durante seis años no se hayan registrado sanciones, o puede que incluso la cantidad de tiempo sea mayor, pero por el momento no disponemos de esa información porque el área que dirijo está en pleno desarrollo, y si bien pudimos organizarnos un poco con respecto a los controles de ganadería y fauna, la pesca todavía es un tema pendiente. Así que por ahora, al manejarnos a través de direcciones, cada paso empieza y termina dentro de la jurisdicción respectiva, y aunque deben constar en un registro de disposiciones los actos administrativos sancionatorios, actualmente yo no puedo decir cuál es la cantidad de sanciones porque no dispongo de esa información, y eso será hasta tanto no terminen de conformarse los recursos informáticos que nos permitan concentrar los datos en un registro único, para saber cuándo se inició el acto administrativo, qué pasos dio y cómo se resolvió ".

Las afirmaciones de Conde cierran el circuito de evasivas oficiales, y pintan el atolladero administrativo en el que quedan estancadas las faltas.

"Cuando un acta de infracción ingresa se caratula en la mesa de entrada del Ministerio, luego pasa a Fiscalización y luego a la Asesoría Legal, que se ocupa de encuadrarla, notificar a cada uno de los infractores y otorgarles un plazo para que puedan efectuar su descargo. Transcurridos los tiempos, es la autoridad de aplicación, en este caso la dirección de Pesca, la que debe actuar generando el acto administrativo sancionatorio que estipula la ley según la falta, pero pese a que el tiempo calculado antes de pasar al cobro es de seis meses, con el análisis y las pruebas y contrapruebas, las comunicaciones y las apelaciones, estos tiempos se alargan " expresó Conde.

Con respecto a la cantidad de expedientes de infracciones remitidos en los que se está trabajando, el funcionario apuntó qué "serán 200 o 300, no puedo precisarlo, sé que hay una persona que se llama María Rosa que trabaja en otro piso y es la que los lleva hace muchos años, pero no recuerdo su apellido".

El panorama pintado por Conde parece darse de bruces con las palabras manifestadas por la presidenta en Mar del Plata, al elogiar al SIMPO. "Uno puede tentar a la cámara de cualquier manera -afirmó la mandataria- pero la cámara siempre va a darle la misma imagen, con lo cual -siempre digo- somos muy buenos todos los argentinos, pero cuando nos vigilan todavía podemos llegar a ser mucho mejores".

Teniendo en cuenta los datos aportados, habría que agregar que todavía lo que las cámaras no hacen, más allá de reflejar las infracciones, es sancionarlas para evitar que se reiteren, ya que eso seguirá siendo una obligación de los organismos de control, que tendrán que darle sentido a la tecnología desplegada en pos de mantener la sustentabilidad del recurso.