Aunque se preveía que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aceptaría reducir las retenciones a la soja y el girasol, finalmente optó por excluirlos de las rebajas que, según los voceros oficiales, servirían para estimular al alicaído sector agropecuario en el que abundan los productores que, a causa de la presión impositiva, corren el riesgo de caer en bancarrota. La discriminación así supuesta no se basó en motivos económicos sino en el papel simbólico que desempeñan las oleaginosas, en especial la soja, en el esquema ideológico kirchnerista. Según se informa, de no haber sido por la oposición virulenta del ex presidente Néstor Kirchner y de su colaborador más influyente, el secretario de Comercio Guillermo Moreno, a cualquier medida que pudiera hacer pensar que el gobierno está dispuesto a reconciliarse con los productores del "yuyo" odiado, el Estado hubiera bajado las retenciones a la soja tal y como hizo con el trigo y el maíz. Aunque en el caso de los granos la reducción -que ya se había anunciado antes- fue mínima, de apenas el 5%, por lo menos sirvió para brindar la impresión de que el gobierno era consciente de la necesidad de aligerar la carga fiscal que soporta el campo. Lo mismo podría decirse de la propuesta del gobierno de construir corrales para el engorde de ganado con el propósito de aumentar la carne de terneros Holando destinada a la exportación; a juicio de los especialistas, el autor de la iniciativa no pudo ser otro que Moreno que, en palabras del líder de la Federación Agraria, Jorge Buzzi, quiere crear "un negocio para cinco amigos". En cambio, la rebaja del 50% a las retenciones a la exportación de frutas frescas y hortalizas podría tener efectos que no sean meramente psicológicos.

De modo un tanto infantil, pues, Kirchner se las arregló para convertir lo que los productores podrían haber tomado por un intento tardío e inadecuado, pero así y todo valioso, de ayudarlos en una situación muy difícil en un nuevo motivo de indignación. Desde el punto de vista de los productores agrarios, el gobierno está más interesado en castigar al campo por haberlo derrotado en la batalla en torno a las retenciones móviles que en procurar impulsar el único sector de la economía del país que es internacionalmente competitivo. Por cierto, es ésta la actitud que asumieron los integrantes de la mesa de enlace: no vacilaron en calificar las medidas anunciadas por Cristina de "una bofetada" más y advertir que pronto se reanudarían las protestas contra un gobierno que, a pesar de todo lo ocurrido, sigue subordinando el destino de la economía nacional a prejuicios personales originados en una ideología que a esta altura es decididamente minoritaria.

No es ningún secreto que el campo está pasando por un mal momento. Una prolongada sequía en muchas partes del país -además de heladas esporádicas- ha tenido consecuencias devastadoras. También ha incidido mucho en la voluntad de sembrar la hostilidad indisimulada del gobierno, que aprovecha toda oportunidad para recordarles a los productores que los considera enemigos a batir. Y como si todo esto no fuera más que suficiente, el colapso de los precios de los commodities, que si bien siguen siendo bastante altos en términos históricos han caído mucho desde mediados del año corriente, los ha golpeado con dureza. Se prevé que como resultado de dichos factores la próxima cosecha de trigo apenas superará el 60% de la anterior y que el maíz experimentará una reducción similar. En cuanto a la soja, la resistencia de los productores a comercializarla -mantienen grandes cantidades en los silos con la esperanza, con toda probabilidad vana, de que les convenga más aguardar a que el mercado se recupere- ha tenido un impacto negativo en los ingresos fiscales. Conforme a las autoridades, se trata de una forma de evadir impuestos, pero de acuerdo a las entidades rurales la soja almacenada aún no entró en el circuito comercial y por lo tanto no puede ser gravada. De todas maneras, aunque la producción de soja sigue siendo rentable, no cabe duda de que la cruzada insensata de los Kirchner contra "el yuyo" está perjudicando al país justo cuando tiene que enfrentar una crisis económica que amenaza con hacerse tan angustiante como la del 2002.