VIEDMA (AV)- Tras varios meses de haber sido notificada y luego de la trascendencia en los medios, la Fiscalía de Estado recusó a Nelson Echarren.

El ex juez del STJ y ahora abogado particular había aceptado ser integrante del Tribunal civil que debe resolver una queja planteada por el abogado viedmense Juan José Zalesky en la causa que le inició el Estado para que devuelva una importante suma de dinero que presuntamente cobró de más por juicios contra la provincia.

Ocurre que Zalesky está procesado en la causa penal que se inició por ese mismo hecho y en esa investigación es defendido por el propio Echarren.

La aceptación del ex magistrado fue notificada a la Fiscalía de Estado en agosto pasado, pero el organismo provincial planteó la recusación recientemente y luego que esa integración tuviera una gran repercusión y rechazo público.

Desde la Fiscalía se habría señalado que se informaron que Echarren defendía a Zalesky en la causa penal por el juez Moldes, también recientemente.

Por otra parte hace unos días el Consejo de la Magistratura no sólo aceptó por unanimidad la denuncia del juez Alejandro Moldes contra Echarren por intentar integrar el Tribunal civil sino que calificó de grave esa conducta y pidió la intervención del STJ.

Mientras tanto la Fiscalía de Estado también recusó a Moldes por interpretar que tiene animosidad contra los funcionarios de ese organismo de control y por sus críticas a la actuación de este cuerpo.

El juez civil que intervino como subrogante en la causa penal por el pago de más autorizado por Fiscalía de Estado en favor de Zalesky rechazó por "inadmisible, improcedente, extemporánea e irrespetuosa" la recusación en su contra planteada por el abogado de la Fiscalía de Estado, Eduardo Martirena, a quien también aplicó un llamado de atención.

Sostuvo el juez que "no parece posible que Martirena pueda confundirse acerca del verdadero alcance de la parte actora en este juicio, intentando asimilar a la Fiscalía de Estado y sus integrantes con la propia provincia de Río Negro".

"Tal intento es un verdadero disparate, sobremanera cuando se advierte que este juicio existe precisamente por el error y la negligencia de la propia de la Fiscalía que, a través de un mecanismo desorbitado y a todas luces irregular, convalidó las liquidaciones y luego -muy luego- se puso a controlarlas cuando ya se había abonado y cuando el dinero ya haba salido del erario público. Tan grosero y evidente es ello que en lo único que están de acuerdo las dos partes y que obviamente tiene los efectos de un reconocimiento mutuo es que Zalesky devolvió a lo largo de casi un año 175.225 pesos y 1.179.441 bonos -según él- o 153.882 pesos y 723.021 bonos -según la Fiscalía de Estado-", amplió el magistrado.

En este sentido Moldes agregó que "en el mejor de los casos la Fiscalía provocó o permitió que a Zalesky se la pagara en exeso al menos esas sumas, quedando ello totalmente consumado y configurando una conducta irregular y en principio ilícita y que hasta donde se conoce se convierte en la única ocasión en que a alguien en primer lugar se le abonó -de más- y luego se lo controló lo que ya se le había pagado y posteriormente se le permitió devolver una parte: al menos 876.903 en pesos/bonos en cómodas cuotas y a lo largo de todo un año".