NEUQUÉN (AN).- La segunda publicación anual del registro de deudores alimentarios en el boletín oficial puso cifras a quienes incumplen la obligación de destinar una parte del sueldo a sus hijos.

Luego de las altas y las bajas en el sistema, sólo 90 incumplidores figuran en las planillas que les impedirán tomar préstamos en el Banco Provincia, ejercer cargos públicos o ser proveedores del Estado. La ley provincial 2.333 regula desde hace ocho años el funcionamiento del registro y, si bien establece que la inclusión de los deudores en los listados "se hará por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de partes", en la práctica los jueces sólo aplican el registro a solicitud.

La normativa establece que se deberán registrar "a quienes adeuden dos cuotas alimentarias, consecutivas o alternadas por año", se trate de "alimentos provisorios o definitivos". La morosidad impedirá al padre o la madre que incumpla -se dan los dos casos, aunque la mayoría son hombres, ya que es habitual que los hijos permanezcan con sus madres- no podrá realizar operaciones con el Estado provincial ni con los organismos que, como el BPN, dependan de la órbita pública.

Hay un pedido para que se digitalice el registro y se obligue a las instituciones bancarias y financieras, públicas o privadas, a que consulten el registro al momento de operar con un nuevo cliente. Esto sólo sería posible con una modificación a la 2.333, ya que por el momento los privados sólo están invitados a adherir.

El subsecretario de Derechos Humanos de la provincial, Ricardo Riva, destacó que, a partir de la difusión de la existencia del registro, el número de deudores oficializados se incrementó. "Eran dos o tres por año, pero en el 2008 fueron 12 los deudores informados, luego de las bajas", explicó. El objetivo es que los jueces informen de oficio los casos que pasan por la justicia, sin que la contraparte lo pida.