La Cámara en lo Contencioso Administrativo reconoció, tácitamente, que el Estado argentino fue el "principal encubridor" del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994.

La Sala Segunda de la Cámara rechazó el pedido del Estado nacional para "tachar" en un reclamo civil por una de las 85 víctimas mortales del ataque terrorista la calificación de "principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina".

"Con respecto al planteo del Estado nacional de que se manden tachar las alegaciones de la actora efectuadas en el escrito de expresión de agravios, que ubican a su parte como ´principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina´, si bien los dichos vertidos en la apelación pueden resultar excesivamente severos, lo cierto es que la motivación del decreto 812/2005, en cierta medida, puede dar lugar ello", sostiene el fallo.

Por ello, "no corresponde hacer lugar al planteo formulado", puntualizaron los jueces. Los camaristas recordaron que "el Estado nacional, mediante el dictado del decreto 812/2005, reconoció su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado".

El pronunciamiento está contenido en un fallo conocido ayer, en el que la Cámara reconoció la indemnización económica a favor de Laura Ginsberg y sus hijos, por la muerte en el atentado de su marido, José Enrique Ginsberg.

Ginsberg se desempeñaba como director del Sector Sepelios y Cementerios de la AMIA, tenía 43 años de edad al momento del atentado y su muerte dejó huérfanos a dos niños de 12 años y 18 meses de vida. Su figura se hizo conocida durante el tercer aniversario de la masacre, cuando hizo público un discurso bajo la frase "yo acuso" en el que denunciaba las supuestas complicidades del gobierno de Carlos Menem, la DAIA y la Justicia ante la falta de avances en la investigación. Ahora, la Cámara en lo Contencioso Administrativo respaldó el resarcimiento para Ginsberg que, se señala, procura mantener el nivel de vida que desarrollaba la familia previo al ataque. Entre esos gastos, se incluía cobertura de medicina prepaga, asociación a un club, colegio privado para los niños y vacaciones en la Costa Atlántica argentina. El fallo rechazó un planteo del Estado para que la pensión que la viuda percibe por la muerte de su marido sea considerada parte del resarcimiento económico por el ataque.