SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La resolución del EPRE que aprobó para esta ciudad y Dina Huapi la aplicación de un aumento del 15,19% en el precio de la energía causó fuerte descontento en la CEB, que pretendía un alza tres veces superior.

Los directivos de la prestadora eléctrica estuvieron enfrentados durante años con el gobierno provincial. Aun así en el último tiempo habían desarrollado una relación más amigable, que ahora quedaría desactivada de hecho.

La decisión adoptada por el EPRE fue difundida el pasado viernes 19 pero hasta ayer el presidente de la CEB, Omar Goye, y otros miembros de la conducción decidieron no hacer ningún comentario público.

Apenas dejaron trascender que el magro incremento otorgado había causado "sorpresa" y que recién fijarían posición institucional la próxima semana.

Que no tenían buenos datos quedó en evidencia el día del almuerzo de fin de año con la prensa, cuando Goye aseguró satisfecho que el aumento homologado no sería inferior al 23%.

Es probable que la CEB realice ahora una objeción técnica al ajuste del 15% y no le quedaría otro camino que desandar una vez más el pedido de "reconsideración" y la eventual "alzada" ante el gobernador. Ese trámite ya demostró su ineficacia en la anterior revisión quinquenal, cuando la CEB pidió 17% de aumento y el EPRE le autorizó sólo el 1%. Ante una apelación de la prestadora lo subió luego al 5% y una nueva objeción de la CEB llegó hasta la máxima instancia de gobierno provincial, pero pasaron los años y jamás fue resuelta.

Consultado por este diario, uno de los integrantes del Concejo consideró que la última decisión el EPRE "es una vergüenza" y a su juicio lleva detrás "la intención de fundir a la CEB para después licitar" la distribución eléctrica de Bariloche.

Esta ciudad, junto a Río Colorado, son las únicas de la provincia servidas por cooperativas, ya que en el resto el suministro domiciliario de energía está a cargo de la privada Edersa.

La fuente señalada dijo que el EPRE "en realidad no reconoce un 15 sino un 11%, porque el resto es compensación por mayor costo salarial". Aseguró que se trata de un número "insostenible" y desafió a los representantes del organismo regulador a demostrar que ese incremento "se condice con la inflación de cinco años".

A modo de autocrítica, reflexionó también sobre el fracaso de la política de acercamiento que la gestión Goye intentó en el último año con la provincia.

Como telón de fondo en el actual proceso de determinación tarifaria (que tiene alcances hasta el 2013) también aparece el vencimiento del contrato de la CEB, previsto para febrero del 2012.

Un legislador afín al oficialismo, el peperreísta Claudio Lueiro, presentó un proyecto de ley para extender el contrato con la CEB hasta el 2025. La empresa lo vio con buenos ojos, al punto de que decidió tomarlo como prioridad y tomó distancia de las gestiones para municipalizar la distribución eléctrica, que irritan al gobierno provincial.