Siempre es tentador dar por descontado que las denuncias por corrupción contra miembros del gobierno de turno son meras maniobras políticas y por lo tanto carecen de fundamento real, pero no cabe duda de que la formulada por Elisa Carrió y otros diez integrantes de la Coalición Cívica, según la cual el ex presidente Néstor Kirchner encabeza una "asociación ilícita" que durante años se ha dedicado a saquear al país, se basa en mucho más que la voluntad de desprestigiar al marido de la presidenta actual y sus colaboradores principales. Si no fuera así, el fiscal federal Gerardo Pollicita no hubiera aceptado que las pruebas presentadas por la agrupación opositora son lo bastante convincentes como para justificar el inicio de una investigación formal de las relaciones estrechas entre el ex presidente y diversos miembros de los sucesivos gobiernos kirchneristas, entre ellos el ministro de Planificación, Julio De Vido; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el secretario Legal y Técnica, Carlos Zannini, por un lado, y por el otro un conjunto de empresarios que en muchos casos son santacruceños. Como es de dominio público, merced a contratos con el Estado, el ex chofer de Kirchner y un ex empleado del banco de su provincia natal se enriquecieron a un ritmo vertiginoso a partir de la llegada de su amigo y jefe a la Casa Rosada. Conforme a Carrió, en las contrataciones de obras vinculadas con el Plan Federal de Viviendas, el ministro de Planificación obligaba a las provincias favorecidas a privilegiar a empresas determinadas, "es decir, ya estaba decidido de antemano la que iba a ser la adjudicataria de esa obra" y en ningún caso el valor "fue inferior al 200%" del fijado por el mercado. Asimismo, se investigará el destino de 90 millones de dólares que presuntamente desaparecieron de un fideicomiso con Venezuela, o sea, si para algunos ha sido una fuente de ingresos ilícitos la relación muy especial de los Kirchner con el caudillo bolivariano Hugo Chávez.

De estar en lo cierto la Coalición Cívica, pues, Kirchner y sus allegados organizaron un sistema para trasladar grandes cantidades de dinero público a los bolsillos y cuentas bancarias de empresarios comprometidos con su "proyecto". Se trataría de un ejemplo del "capitalismo de los amigos" que es tan común en los países del Tercer Mundo en que las instituciones, sin excluir a las encargadas de asegurar que se cumplan las leyes, se ven subordinadas a los intereses de los dueños del poder político. Aunque a veces los funcionarios de nuestro país que están habituados a intercambiar favores con empresarios amigos procuran reivindicar su conducta afirmándose resueltos a facilitar el surgimiento de una "burguesía nacional", lo único que hacen es fomentar la corrupción que, además de ser éticamente indefendible, atenta contra la eficiencia económica y por lo tanto contribuye a depauperar a amplios sectores de la población. Después de todo, cuando los contratos dependen sólo de la amistad personal o de la militancia política, el despilfarro resultante de recursos públicos escasos es lo de menos.

Huelga decir que el destino de la causa que se ha iniciado se verá decidido no sólo por lo que efectivamente ha ocurrido, sino también por la evolución de la situación política del país. Si Néstor Kirchner consigue conservar el poder extraordinario que gracias a su influencia al parecer irresistible en el gobierno de su mujer ha sabido acumular y mantener, podría frustrar la investigación apadrinando leyes de blanqueo como aquella que según sus adversarios equivale a una "autoamnistía". Pero si, como muchos prevén, de resultas del deterioro muy rápido de su imagen personal su poder se esfuma al optar sus simpatizantes actuales por abandonarlo a su suerte, correría el riesgo de terminar entre rejas. Por desgracia, el país ya está acostumbrado a que una vez privados de su poder o de sus fueros los ex presidentes y otros ex funcionarios queden a un paso de la cárcel. Si bien por ahora el vaticinio de Carrió según el que Kirchner "va a ir preso" se parece a una expresión de deseos, son tan verosímiles, y tan numerosas, las denuncias en su contra que sin la protección que le supone el poder político no le sería del todo fácil continuar disfrutando de la libertad.